En estos tiempos en que las democracias han enaltecido el valor de la verdad y las ratios para juzgar las decisiones del poder se han humanizado, cuando el juicio histórico pretende distanciarse del afecto nacionalista y la inviolabilidad del poder ha quedado maltrecha, convendría considerar la deuda histórica que los países desarrollados tienen con pueblos del tercer mundo.

Desde la solidaridad se argumenta sobre el compromiso social para ayudar al desarrollo de los pueblos más desfavorecidos. Propio de una sociedad que conoce y negocia más allá de sus fronteras es la extensión global de los criterios de equilibrio con los que construye su estabilidad interior.

Pero, independiente de la ayuda humanitaria y la colaboración solidaria mejor entendida, existe una deuda de justicia que afecta a la mayoría de los países industrializados.

Desde el inicio de la modernidad, la construcción de los distintos imperios que se han sucedido en occidente han basado su progreso en el colonialismo. La explotación de los territorios allá de sus fronteras aportaba los recursos para la consolidación de los proyectos de poder de las coronas dominantes.

La colonización de las Américas y posteriormente de África y Asia son una realidad innegable, y las inmensas riquezas naturales que desde esos continentes se trasladaron a las metrópolis inconmensurables.

Las campañas imperiales del Emperador Carlos V y de su hijo Felipe II, orgullo del pueblo español, se realizaron financiados con los metales preciosos extraídos a las tierras conquistadas. La explotación del oro y la plata del Perú, de valor legendario, supuso esquilmar un territorio cuyas riquezas naturales habrían podido constituir la base de un posterior desarrollo nacional.

Otro tanto se podría decir de la actuación inglesa en la constitución del imperio británico; un colonialismo que, bajo la justificación de la ley de la civilización, dominó y explotó a los indígenas para obtener el dominio de una producción al servicio de los intereses de la metrópoli.

Toda la filosofía del colonialismo, lejos de la lectura paternalista del interés por civilizar a los pueblos indígenas, se asentó en la explotación de los recursos en un orden económico absolutamente injusto para los pueblos colonizados.

También occidente mantiene una deuda de justicia con los pueblos africanos que sometió durante siglos a la vil y despiadada esclavitud. Miles y miles de hombres y mujeres arrebatados a sus pueblos y tratados como mercancía de mano de obra para consolidar su producción.

Cuando se planea la economía global, parece que sería justo la restitución a los pueblos históricamente explotados del derecho conculcado y promover un resarcimiento en orden al beneficio general de la economía que sustenta el estado del bienestar occidental.

Los continuos titubeos de la aplicación del 0,7% del PIB de los países desarrollados para cooperación y desarrollo es la muestra de qué poco asumen su responsabilidad los estados ricos. La falta de perspectiva de conciencia y justicia sigue siendo la regla constitutiva del desorden internacional, por más que algunas instituciones y pueblos mientan configurando un orden internacional que da la espalda a la historia.

 
 

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