DEMOCRACIA Y MERCADO
La sociología del siglo XX ha puesto de manifiesto como una realidad llamada mercado se ha constituido en el centro de la crítica de la construcción de la sociedad ideal. Partidarios y denostadores han enaltecido o condenado esta realidad al guión de los ismos ideológicos. Para el liberalismo el mercado constituye el corazón de la sociedad. Para el marxismo el mercado se configura como el tirano del pueblo.
El escritor Jacques Attali, en Fraternités (Fayard, 1999), incide en que la resolución de la lucha ideológica sobre el mercado mantenida en el siglo XX se ha saldado con la victoria arrollante de las tesis liberales, hasta el punto que se ha constituido el mercado como el único y absoluto poder del que las democracias no constituyen más que una estructura formal a sus servicio.
Releamos algunos de sus párrafos: «Le marché commence par casser les frontières. Pour fontioner, il a besoin de s’étendre, d’organiser sa prope croissance, de s’oubrir de nouveaux espaces; alors que la démocratie, en contraire, doit détendre le territoire où elle s’appique. De plus, en bousculant les frontières, le marché oriente les ressouces vers les pays où la fiscalité est la plus avantaguese, forçant les nations à ses exigenses et à perdre le contrôle de leurs taux de change, de leurs recettes fiscales, de leurs balances comertiales et de leurs politiques sociales.
Si un pays prétendait préserver son autonomie en instaurant une politique fiscale indépendante ou en refusant de subventionner des écoles à propiété étrangère, le marché aurait tôt fait de le mettre en quarantaine et il serait prompement sanctioné par le mouvement des capitaux : la mondialisation des capitaux assure la victuore du marché sus toute démocratie».
Attali está advirtiendo a la sociedad del riesgo de la dictadura del mercado. Para deslindar los límites de ese riesgo es aconsejable ahondar en los criterios de sujeción de la economía a la democracia.
El valor más hondo de la democracia es su concepción de la sociedad como una colectividad que diseña las prioridades estructurales para lograr el bien común.
Ahora bien, ¿el fin del mercado es el bien común o el bien particular? Para responder a esta cuestión es necesario discernir entre el término mercado usado en común y en sentido determinado. Como ente de relación de intercambio de bienes el mercado no tiene fin propio, sino que es todo medio, sirve como forma para el fin, el beneficio se sigue de la aplicación sobre el mismo, y el bien propio está en ser medio con independencia del más o menos bien que se derive del acto de las transacciones que su estructura permite. De esta acepción de mercado se podría concluir que el bien que se deriva de su entidad es un bien común.
Cuando usamos, como es el caso de Attali, el mercado como un elemento determinado, o sea, operaciones de negocio, se gesta la aparición del poder por la posición de dominio que alcanza quien posee un bien necesario para los demás. Sólo en la medida que el bien se ofrezca en condiciones de justicia se podrá derivar el bien común; en caso contrario el bien seguido será prioritariamente bien propio o particular.
Constituyendo la economía un conjunto de elementos que determinan en gran manera el bienestar de la comunidad, es obvio que la misma ha de estar sometida al ordenamiento político que garantiza el bien común. La democracia ha de poder regular las transacciones mercantiles para que las mismas estén al servicio de la sociedad; para lo cual desarrolla el derecho mercantil, en el que los justos derechos de los negocios quedan estructurados para que las transacciones se realicen sin que las posiciones de dominio mermen los derechos personales.
Esta revolución de las formas políticas que es la democracia, la cual augura la autoprotección de los derechos de los ciudadanos, se encuentra en la precariedad de su ámbito territorial cuando la economía en los últimos tiempos ha acometido la mundialización de los mercados. Los intereses a arbitrar traspasan de tal modo las fronteras que los sistemas políticos nacionales se encuentran incapaces de abordar su responsabilidad para el ordenamiento del bien común del estado sin que por ello puedan caer en la marginación del desarrollo internacional y en la autarquía.
Frente al problema que aborda Attali sólo cabe la solución de robustecer la globalización de la democracia, de modo que en su desarrollo internacional alcance la capacidad suficiente para imponer las reglas de la justicia social a las estructuras económicas internacionales. Ser capaz de generar un derecho mercantil internacional cuyo contenido sostenga el fin de procurar el bien común general en la actividad del mercado global.
Esta intención no quedó ausente en los políticos que, tras padecer la sangrientas guerras del siglo XX, convinieron el desarrollo de instituciones supranacionales para prevenir los desajustes entre poder económico y poder político que se habían atisbado en las entrañas de gestación de la gran guerra. El Mercado Común Europeo, la ONU, la FAO, la ATC, etc. tienen como objetivo la moderación de las pujanzas de los intereses económicos sometiéndolos al poder político para que de ellos se siga como fin prioritario el bien común para beneficio de la generalidad de los ciudadanos y garantía de la paz.
La realidad actual, que denuncia Attali, se ha alcanzado por el fracaso de la democratización de las instituciones internacionales. Durante años se criticó desde el poder occidental la imposibilidad de profundizar en esa democratización a causa de las dictaduras socialistas que hacían inviable todo proyecto de futuro, pero la realidad presente está comenzando a plasmar como la falta de democratización de las instituciones supranacionales, en especial la ONU, es consecuencia del arbitrio de poder que algunos estados imponen para proteger su estatus de dominio económico.
El futuro para no estar sometido a la dictadura de los mercados no puede proceder sino de una conciencia mundial de movilización democrática de las relaciones internacionales para que el comercio está sometido a reglas de actuación que sirvan al bien común y protejan los derechos de las minorías.