UNA ONU DEMOCRÁTICA
La aspiración a establecer el sistema democrático como referencia sociológica de la justicia, libertad y cooperación internacional choca entre planteamientos teóricos y las aplicaciones reales con que los estados pretenden controlar sus intereses en el marco de las políticas universales.
Los sistemas democráticos que tras las grandes guerras del siglo XX han asumido el liderazgo del mundo han mostrado reiteradamente el flanco más débil respecto a su misma esencia democrática en sus políticas de intervención sobre terceros países.
La Organización de Naciones Unidas, que constituyó el proyecto colectivo de arbitrar las políticas internacionales desde el diálogo y el consenso -valores fundamentales de la democracia- en su andadura ha evidenciado más sombras que luces en la defensa de la justicia internacional por el criterio excluyente que su estructura interna otorga a las potencias hegemónicas que formalizaron su constitución.
En la ONU la doctrina democrática está subordinada al interés de las principales potencias, que utilizan la organización internacional más como un instrumento de respaldo moral que como medio de intermediación entre los intereses contrapuestos de las distintas regiones y estados. El ejercicio democrático se relega a las estructuras de segundo orden que no puedan interferir en los planeamientos de las superpotencias.
El hecho del privilegio de veto de que gozan algunos estados en el Consejo de Seguridad es una muestra palpable de cómo el autoritarismo se impone sobre la democracia en la toma de decisiones trascendentales para la consolidación de la paz sobre la humanidad.
Cuando se pretende ejemplarizar la doctrina de la democracia como estandarte de las formas de estado que mitigan el autoritarismo y el riesgo de la beligerancia que se sigue de dictadores ansiosos de poder, mal ejemplo se presta desde la ONU no gozando sus estructuras decisorias de la representatividad democrática. Esa doble apariencia de los estados democráticos, según refieren sus actos a políticas internas o externas, es la que niega la credibilidad de su empresa democratizadora para los regímenes aún autoritarios. Mientras las potencias que controlan la ONU no confieran a esta institución de una trasparente legitimación democrática será difícil corregir la imagen de imperialismo con que occidente gestionó la política mundial en los últimos siglos.
En el muy distinto rango que muchos estados confieren a sus principios éticos de política interna y externa subyace una doble valoración de la persona según sea ciudadano del mismo estado o de uno estranjero. La democracia se interpreta desde el derecho de los propios ciudadanos a decidir colectivamente el gobierno del país por la legitimación de sus representantes. El reto de la democracia se sostiene sobre la libertad individual de todos y cada ciudadano, aún a costa de que el interés común pudiera no gestionarse del modo más eficiente. El autoritarismo, en cambio, ignora la consideración moral de la persona como último sujeto responsable de su devenir.
Pero esa pasión de libertad se pierde cuando las personas a considerar son ciudadanos de países extranjeros. Sus derechos en ese caso se mediatizan todo lo que sea preciso para consolidar el dominio del propio interés. Las personas del mundo como individuos estarían relegadas a distintas categorías según el grado que se les reconozca para decidir sobre el entramado de la política global.
Dotar a la ONU de una estructura realmente democrática que elimine las decisiones autoritarias y sopese el grado de responsabilidad de cada estado en el concierto internacional puede conseguirse por muy variadas formas, con mayorías que avalen todos los derechos desde la neta diferenciación de la distintas configuraciones sociales. La eficacia de la institución no puede estar reñida con su democratización cuando este sistema es el que internacionalmente se quiere exportar como garante de la paz global. Para ello, el proceso no necesariamente ha de implicar la merma del peso político de las potencias democráticas, sino sobre todo la corrección de aquellos privilegios que hacen inviolables sus decisiones, aunque sean contestadas por la mayoría de los estados miembros y de la generalidad de la población mundial. Muy posiblemente en el Consejo de Seguridad sea necesaria la presencia de miembros permanentes, pero de algún modo más democrático debe poder ser corregida su decisión por una mayoría de no permanentes, sobre todo cuando esos estados gozan en su fuero de estructuras democrática consolidadas.
Un nuevo orden internacional democrático dictado desde las grandes potencias presenta un déficit de credibilidad cuando los organismos garantes de la aplicación de ese orden carecen de una estructura interna democrática que los haga ejemplares.
Democracia e imperialismo son incompatibles en el marco internacional, por más que quienes sostengan esas actitudes de dominio reclamen para sí del derecho fundamental de la libertad. El compromiso ético por el progreso global supone arriesgar mucho más desde la íntima difusión de los valores democráticos que la pretensión de un autoritarismo que imponga formas aparentes que en la realidad actúen reprimiendo el anhelo universal de libertad.