Una tendencia de la economía liberal empresarial es la de atomizar las sociedades mercantiles de modo que aunque el mismo capital controle directa o indirectamente un determinado sector de producción las sociedades sean múltiples de modo que cada una pueda gestionar con mayor efectividad.
Este planteamiento ha sido posible gracias al desarrollo profesional del marketing que trasmite la dimensión predominante de una empresa sin que esta imagen esté, como antaño, ligada a la dimensión de sus medios de producción. Hoy en día la marca ya no guarda relación con el número de empleados o la extensión de sus factorías sino sólo es exaltada en función de su presencia en los medios de comunicación y del comportamiento en los mercados de valores.
La producción que genera el beneficio puede considerarse como el resultado de la coordinación de otras pequeñas empresas que son quienes soportan directamente la responsabilidad de producir lo que se les manda al precio que conviene. Lo empresarial se considera en este caso cada vez más desvinculado de los procesos productivos y dirigido hacia la mera gestión del control de la rentabilidad de activos externados, lo que no tendría mayor importancia si de esta política no se siguiera para los trabajadores un grave riesgo respecto a su estabilidad y seguridad.
La atomización puede representar para los trabajadores una reducción de sus derechos laborales respecto a la vinculación a la empresa matriz, mucho más solvente que la que pueda derivarse de pertenecer a una sociedad satélite, lo que de hecho se da cuando el empresario asume la estratagema de diversificar la titulación de los procesos productivos.
La estabilidad en el empleo representa una de las mayores reivindicaciones de los trabajadores por lo que afecta  a la planificación familiar, en una fase de la vida, y al derecho al trabajo, como forma de supervivencia, cuando las fuerzas merman por la edad y las posibilidades de ser nuevamente contratado escasean. Cuando las empresas son solventes no deberían burlar estos derechos de quienes en verdad representan el elemento vital del proceso productivo. La negociación colectiva es el marco del equilibrio de empresarios y trabajadores y no los resquicios que la ley deja en su formulación.
Esta atomización alcanza un grado de especial gravedad cuando entraña que se proyecte evitando las responsabilidades en la prevención de riesgos laborales. En función de las legislaciones particulares de los distintos estados pueden estimarse muchos parámetros de formación, evaluación y aplicación de medios para la prevención que se establecen en función de la dimensión empresarial, comprometiendo moralmente a las sociedades mercantiles con sus empleados. Evadir algunas de estas responsabilidades supondría de hecho mermar un derecho a la salud de los trabajadores.
No es extraño encontrar incluso empresas que optan por crear filiales para producir bienes de algún proceso intermedio que ellas mismas producían con anterioridad, en aras a reducir los gastos de personal por medio de la aplicación de beneficios de nuevas contrataciones de que pudieran gozar las empresas de nueva cosntitución.
Tampoco se puede olvidar aquellos que crean empresas interpuestas de reducido capital social con el único fin de limitar las responsabilidades económicas en caso de deficiente gestión o penalización ecológica.
La debilidad del Estado en los sistemas liberales puede propiciar, con su máxima de mínima intervención en el sistema de producción, a que prolifere al fraude de ley de las disposiciones reguladoras de los derechos laborales. Sostener la libertad del mercado de la producción no puede defenderse para amparar conductas desaprensivas respecto a los trabajadores, en especial sobre aquellos que con su labor edificaron la realidad empresarial actual con su esfuerzo en un periodo anterior.
 
 
 

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