Seguido a la concentración de nuestras poblaciones en grandes núcleos urbanos se ha planteado si la educación y la enseñanza ha de quedar en manos de la nación o si es mejor que sean las entidades religiosas y otras instituciones las que se especialicen en educar a nuestra juventud.
Unas y otras partes, a veces con gran polémica, debaten y reivindican razones de eficacia, justicia e igualdad para ser ese modelo de instituto el que prospere para la enseñanza en las ciudades, ya que no se cuestiona que sean los departamentos y los municipios quienes hayan de ejercitar la enseñanza en el dilatado espacio rural.
Quienes defienden la privacidad de la titularidad de los centros argumentan dos razones contundentes:

1. El derecho de los padres a educar a sus hijos.
2. La demostrada eficacia de tantos centros con decenas de años de servicio.

Las argumentaciones que esgrimen quienes prefieren una educación nacional impartida por las instituciones del Estado son:

1. Corresponsabilidad de la disposición de los medios en beneficio de una igualdad.
2. Evitar la discriminación social en la etapa juvenil, y favorecer una igualdad de oportunidades.
3. Soslayar la orientación ideológica de la personalidad.
4. Universalizar la prestación.

A mi modo de ver posiblemente todas la partes tengan razón cuando en tantos países se conciben una y otra forma con rendimientos favorables, pero creo que en vez de polemizar deberíamos profundizar en las cuestiones raíces de la enseñanza y desde ahí asumir las responsabilidades múltiples. En vez de quedarnos en nuestro punto de vista, experiencia o conveniencia, sería bueno ampliar miras en busca de una concertación más fundada en las perspectivas de progreso y servicio que atañen a la función de la enseñanza en la sociedad.
Paso a relacionar algunos aspectos que se han comentado entre medios interesados y que creo merecen ser tomados en atención:

1.- El derecho de educación de los padres.
Asumir traer niños al mundo implica comprometerse en la responsabilidad de su educación hasta que lleguen a ser hombrecitos formados, y esa en una tarea que cada vez se contempla más como deber que como derecho, cuando realmente la implicación es una y dependiente: El deber da derecho a exigir los medios del quehacer.
Ese derecho a la educación de los hijos precisa la participación de los padres en el proceso de enseñanza para conseguir una coherencia de urbanidad que satisfaga las expectativas del deber de los padres. Esta responsabilidad incide en la posibilidad de elección del centro de enseñanza, pero no puede depositarse ahí, sino que exige un seguimiento próximo del aprovechamiento del alumno respecto a los objetivos correspondientes a su edad.
El derecho de educación de los padres puede asimismo contemplarse desde una esfera individual o social. Se puede interpretar como un deber independiente de cada padre por el que cada uno se implica en la única responsabilidad respecto a sus propios hijos, o se puede también considerar como un deber colectivo de los padres respecto a los hijos, motivándose conjuntamente en una tarea social de más alcance que el ámbito restringido de la familia. A todos nos concernería una tarea común a desarrollar en el ámbito de la colectividad. Hay que tomar en consideración que los hijos no sólo nos pertenecen, sino que también son hijos de su entorno social, para y en el cual deben ser educados.
Diseñar la política de enseñanza desde la estructura de centros privados selectivos que se orienten a la demanda específica de los padres, según una personal inclinación ideológica o de estilo, podría suponer una fragmentación de la sociedad en la que cada cual sólo atienda a su propio interés y no al de la colectividad. Unos pocos centros aglutinarían a los padres más responsabilizados en la educación mientras que los restantes adolecerían de ese influjo social positivo. Desde la perspectiva social, por tanto, sería más deseable centros abiertos a todos los alumnos, sean de gestión pública o privada, y a ser posible a no muchas cuadras de las viviendas, para conservar y favorecer la relación vecinal que tanto ayuda en que, conociéndose los padres por los hijos, se mejore el mutuo interés.

2.- La profesionalidad de los medios.
No hay tanto que influya en los alumnos como la autoridad de sus maestros cuando los mismos la ejercen desde la ciencia, la compresión y la paciencia. La vocación del profesor es el mayor activo de la enseñanza y ello debe motivar a la sociedad entera a esmerarse en mejorar el nivel humano y científico de sus profesionales de la enseñanza.
Desde la asunción de que enseñanza y educación corren parejos para formar a niños y jóvenes, el criterio del profesor debe empeñarse en trabajar de modo grupal para aunar los esfuerzos de todos en la dirección más apropiada de la escuela y de cada uno de sus alumnos. Ser un buen profesional de la enseñanza supone ejercitarse por ser fermento para revalidar los medios humanos y técnicos de que se dispone.
Enseñar no es mostrar sino acompañar hasta hacer aprender, y por eso es tarea de equipo, porque la motivación no debe darse por supuesta en el alumno sino despertarla de forma paralela a como se desarrolla la personalidad. Unos buenos medios profesionales exigen dar respuesta a las inquietudes adolescentes suscitando la valoración que cada cosa deba representar para la realización en la vida.
Disponer del acceso a las nuevas tecnologías debe representar una inquietud para las autoridades educativas; lo que requiere el buen interés por su cuidado y conservación para que su servicio se extienda a un buen número de alumnos; sin olvidar que ello exige el permanente reciclaje del profesorado.
Cómo se gestione los medios ha estado a debate entre la escuela pública y privada, pero quizá lo más importante es que una y otra se miren sin recelo para mutuamente mejorarse, porque el objetivo ha de estar en el servicio a la sociedad y no en el servicio de la enseñanza con cualquier otro fin.

3.- La igualdad de oportunidades.
No más vemos cuánta diferencia existe entre los niños, cuando todos ellos, como niños, tienen plenos derechos a la educación. Luchar en el derecho a ser del niño con independencia del interés y medios de sus progenitores es quizá la más trascendental labor de un estado social. Proveer a la igualdad de oportunidades reclama la plena escolarización y es el mayor apoyo para la promoción de las escuelas nacionales y de las políticas de concertación en las que el derecho de cada alumno a elegir centro no debería poder ser discriminatorio.
Aunque la teoría de las políticas democráticas avalan esta igualdad en el derecho, sigue siendo ésta la mayor deficiencia de las políticas conservadoras y el mayor fracaso de las políticas progresistas. Una política de igualdad de oportunidades se sustancia esencialmente en una igual posibilidad de acceso a la enseñanza de todos los ciudadanos y en una efectiva igualdad de promoción a los estudios superiores. El que cada cual sea en la vida según el resultado de su esfuerzo no debe quedar truncado por la condición social de nacimiento. Siendo por tanto ésta una obligación social esencial de cualquier estado de derecho, incumbe su aplicación sobre cualquier modelo de enseñanza que se diseñe.

4.- Formación de la personalidad en los valores no discriminatorios.
Por su condición de personas los hijos no pueden ser propiedad de nadie, tampoco de sus padres. La paternidad es una relación libremente asumida que entraña un compromiso de responsabilidad en la promoción del hijo como persona, por tanto: de ser libre.
El anhelo de proyección de los padres en la personalidad de los hijos más allá de lo que corresponde a la legítima información sobre los valores de la vida ha de generarse en el ejemplo de vida, de modo que sean los hijos quienes, en su perspectiva de valores que adquieren con el desarrollo de su personalidad, acepten incorporar o rechacen los modelos ejemplares que sus padres les ofrecen.
Esta filosofía se traslada a la política de enseñanza donde, lejos del dogmatismo, la educación ha de fundarse sobre los valores universales sociales de respeto y relación entre las personas y con los demás elementos de la naturaleza. La escuela asume la función de formar el ser social que desarrolla toda persona, tanto trasmitiéndole el legado de la ciencia como las costumbres de buen comportamiento que se deben por respeto a los demás. Elemental y básica es la educación en la no discriminación de los compañeros como fundamento del valor de solidaridad entre las personas que debe anteponerse a los instintos de dominio y competitividad. El modelo de superación de la escuela ha de forjarse sobre las propias limitaciones, y desarrollando la conciencia de que el mutuo apoyo sirve para el mutuo progreso.
Con frecuencia se argumenta el principio de la subsidiaridad para que las administraciones públicas financien los institutos privados favorecidos por las preferencias de los padres y que sea como pública de la nación la educación de a quienes sus responsables no ejercen otra determinación. Esta interpretación de la subsidiaridad podría de hecho constituir guetos en el sistema nacional de enseñanza con su consiguiente repercusión sobre la estructura social. La subsidiaridad más bien habría que entenderla en el respeto a la decisión de los padres en los centros y la obligación de la nación en la aplicación de los medios económicos capaces de hacer un buen servicio de enseñanza de la que se lucre toda la población.
 
 

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