EL PRECIO DE LAS COSAS
La economía moderna se articula en mucho sobre el concepto de valor de transacción o precio de mercado, según el cual las cosas valen tanto cómo alguien está dispuesto a pagar por ellas, según la ley general de la oferta y la demanda. Esta teoría, que es plenamente coherente en un sistema de mercado, no deja de presentar lagunas en su aplicación por las posiciones de dominio desde las que se interpreta como un axioma que puede ser contestado desde la esencia misma del mercado.
Algunos códigos penales consideran como delito la maquinación para alterar el precio de las cosas, y ello se puede seguir tanto de que desde una posición de monopolio algún tipo de bien se impone a un precio que altera la justicia que debería equilibrar el mercado, como la posibilidad de trampear los precios ofertando bienes por debajo de los precios de producción, o la utilización de otras maneras en las que el beneficio se consigue por la alteración de la filosofía natural del mercado.
Una de las posibles alteraciones del precio de las cosas se genera cuando se ha de ofertar el precio de un bien o servicio previo a su ejecución, cuando aún sólo está en proyecto, y que, por tanto, su coste de producción consiste en una proyección estimativa del importe final que supondría su realización. Cuando esto es así, el precio de la cosa se sigue de una apreciación analítica o presupuesto evaluatorio de los costes de producción, beneficios, etc. importe que no puede considerarse cierto sino probable, y siempre en función de la coherencia de la analítica aplicada.
La corrección del cálculo del precio posible de un objeto o servicio en proyecto no entraña consecuencias sólo para quien lo produce, en función del cual obtendrá un aceptable beneficio o unas imprevistas pérdidas, sino que, estando mal calculado, se trasmite un prejuicio para la entidad que contrató ese bien en función del valor ofertado si como consecuencia de la aplicación de los costes de producción reales hacen inviables la buena conclusión del servicio pactado.
Cuando el precio no se ajusta a los costes se constituye como un espejismo del valor que esperaría recibir el demandante, lo que hace que muchas veces, si el productor consigue entregar en producto terminado éste no se ajusta a lo esperado de acuerdo a las especificaciones pactadas en el proyecto.
La fijación del precio más objetivo posible de un bien o servicio a realizar es un materia algo complicada, pero posible de establecer en una horquilla de error o riesgo controlado. El problema, por tanto, de la estimación del precio de un bien en proyecto no está en la capacidad técnica para controlarlo, sino en un factor adyacente que consiste en dar un precio a la baja para atraer la concesión del cliente frente a otros presupuestos. Si la adjudicación se ha de realizar en función de una subasta, o concurso en el que prima potencialmente el precio ofertado, lo más probable es que el contrato de ejecución o prestación de un servicio no se haga por el precio real del proyecto, sino a una valoración errónea o conscientemente engañosa.
Si a un concurso ofertan diez productores, desde el punto de vista matemático y estadístico el precio del mismo corresponde a la media de los valores ofertados entre todos los participantes, pudiendo admitirse pequeños ajustes que objetiven el resultado. Si se obra, como es común, estimando el precio de la cosa como el de la oferta más económica se está cayendo en un grave error, porque se estima como cierta la capacidad de análisis sobre el precio de la cosa a un único cálculo y no al del conjunto del mercado, que es quien estadísticamente se acercaría al precio cierto de la cosa analizada.
Esta política de contratación debería estar considerada como alteración del precio de las cosas, porque de su aplicación se sigue un gran deterioro para la calidad, la dotación técnica, la investigación y la coherencia interna del mercado. Si establemente se prima a quien posiblemente está en el error, lo que se está introduciendo en el mercado es un factor de distorsión que perjudica a quien rectamente opera en función de valorar la calidad real que el producto debe ofrecer.
Es muy probable que los primeros inductores a desfigurar los precios de las cosas sean las administraciones públicas, a fin de rentabilizar sus presupuestos, pero han de tener en cuenta que ello desestabiliza el mercado en cuanto a la calidad de la ejecución, la seguridad laboral y la leal competitividad.