SANIDAD SOCIAL
El modelo social de estado asume que la garantía de la salud de los ciudadanos debe estar avalada en las políticas públicas y por ello debe gestionarse un sistema sanitario que disponga de medios adecuados para responder a las demandas de asistencia sanitaria.
Esta responsabilidad, que los sistemas socializantes administran globalmente desde el estado, se ha estructurado en los últimos decenios de formas diversas: unas veces asumiendo la administración pública la gestión directa de los medios sanitarios, y otras gestionando principalmente los costos económicos del sistema de seguridad social que garantizan la asistencia en los medios que la iniciativa privada promueve en el país. Ambas formas cumplen el cometido esencial de cubrir la responsabilidad de protección social a los ciudadanos, siendo la efectividad conseguida reflejada en el grado de satisfacción de los pacientes con el sistema.
Que la administración sea quien gestione directamente los medios mejora la planificación, porque la misma puede organizar los medios proporcionalmente a las cambiantes necesidades, anticipándose a que sea el mercado quien regularice las prestaciones en función de la demanda. Una política de gestión pública se fundamenta en la universalidad de las aplicaciones en función de las necesidades y no de la rentabilidad. Ello representa una misma atención para todos los ciudadanos y la dotación de los medios preventivos para situaciones excepcionales como las pandemias y las catástrofes accidentales. Esta filosofía de universalidad en la prestación es la que relativiza su rendimiento ecaonómico respecto a la iniciativa privada.
La gestión particular de la sanidad rentabiliza los costes porque -a la inversa de la pública- el número de pacientes a atender se determina en función de loa medios de capitalización disponibles y no bajo la responsabilidad de una cobertura universal. Esa particularización de la medicina de iniciativa privada quizá sirva mejor individualmente a los pacientes que atiende porque todos ellos se ajustan al potencial previamente establecido. Pero es muy posible que esa atención se desvirtuara si se hiciera preciso aplicar los mismos medios para una mayor demanda.
La responsabilidad universal de la atención que recae en el estado exige una disposición de medios en permanente adecuación a la demanda, lo que origina que cuando gestiona directamente el sistema de salud asuma necesariamente la promoción de los medios que prestan el servicio sanitario, responsabilizándose de garantizar la atención precisa a la demanda ciudadana. Si de otra manera sólo asume la gestión del pago, la responsabilidad del medio recae en cada particular que ha de ser quien busque quién le preste la atención médica.
A veces la crítica al sistema público se realiza desde parámetros de la iniciativa particular y se obvia la dimensión universal que la sanidad pública entraña, por lo que el juicio adolece de objetividad. Pero también a veces no se reconoce la dimensión social que entraña la medicina privada como servicio complementario de los medios públicos, cuando la lógica del sistema favorece la concertación para el mejor servicio a los ciudadanos.
No se puede olvidar que la sanidad pública dinamiza una política social de igualdad de oportunidades para los profesionales, porque si los sistemas de acceso a las plazas son de acuerdo a un protocolo de méritos y conocimiento se respeta el derecho al trabajo por igual para todos los trabajadores del sector, lo que no ocurre en la medicina privada en la que los profesionales se contratan con criterios particulares y se ofertan a quien admita condiciones laborales más rentables.
Cuando el estado atiende únicamente el resarcimiento económico de los gastos médicos, y el ciudadano es libre de elegir médico y centro hospitalario, esa misma libertad encauza la igualdad de oportunidades para todos los profesionales. Pero si el estado gestiona los medios, cuando concierta con medios privados cabe que lo haga según un criterio de selección con favoritismos de ideología o de promoción de determinados sistemas alternativos, sin que a los ciudadanos se les dé la opción de elegir libremente entre la oferta sanitaria.