Desde que surgió la estructura de protección social de los trabajadores por cuenta ajena, se viene ajustando en la mayor parte de las economías un sistema que consiste en gravar los costes directos de cada trabajador, bien detrayendo una parte de su salario y complementando salario con una aportación del emperador. Se establece así una relación directa de cargas o primas entra el colectivo de trabajadores y los seguros sociales que les amparan.

Uno de los factores de riesgo que este sistema entraña es el de que no se vincula la capitalización de los impuestos abonados por cada trabajador a su beneficio, sino que las protecciones se articulan en una estructura mutual de solidaridad que opera de tal modo que con las aportaciones de la masa laboral vigente se sostienen a los beneficiarios pasivos.

Este sistema presenta el inconveniente de que las coberturas sociales no se corresponden directamente con las aportaciones del trabajador, sino que las mismas se encuentran sujetas a coyunturas político económicas.

Si se quiere estructurar las coberturas sociales básicas desde un sistema de solidaridad social, habría que considerar si el sistema de aportaciones gravando las retribuciones de los trabajadores es lo más adecuado.

Gravar la mano de obra supone directamente encarecer la mano de obra, o sea favorecer la sustitución del trabajador por la máquina, sobre cuyo rendimiento no gravan cargas sociales. Si el conjunto de una producción se alcanza en la misma proporción con X empleados, cuyo coste se corresponde a: A = retribución, B = cargas sociales, el montante del coste de producción será X = A+B. Mientras el importe de amortización de la maquinaria que pudiera sustituirles en el trabajo sea superior a X es muy posible que tengan asegurado su trabajo, cuando ese importe sea inferior a X lo más probable es que sean reemplazados. Pero existe la posibilidad de análisis en la horquilla de los costos entra A y X. Si se independizara los costes netos sin seguros sociales para compararlos a los de la maquinaria, que no paga esas imposiciones directas, el coste real de la mano de obra sería A, de modo que el costo del mantenimiento de la mano de obra sería rentable mientras la amortización de la maquinaria oscile en el intervalo A y X.

Si los recursos para las coberturas sociales se aplican directamente de modo porcentual sobre la producción y no incrementando los costes salariales, se mejora la capacidad de empleo de un país y además de dar la misma cobertura social se consigue disminuir la tasa de desempleo.

En una perspectiva global, la reducción de los costes de las cargas sociales aplicadas directamente sobre los salarios y su percepción por vía impositiva sobre la producción o el consumo mejora notablemente la capacidad de empleo a escala mundial y favorece la promoción equilibrada de los flujos migratorios.

El pleno empleo exige rectificar determinados condicionamientos afectos a situaciones coyunturales de crecimiento económico por parámetros que estabilicen un crecimiento estructural sostenido que evite en la medida de lo posible la oscilación de los ciclos económicos que reportan grandes perjuicios a las clases menos favorecidas.