EUROPA
La construcción de una comunidad supranacional en Europa es una de las configuraciones del mundo global que se presupone para el siglo XXI. Para ello naciones con una larga tradición de soberanía nacional han tenido que acercarse poniendo en común y compartiendo esferas de poder. Este magno proyecto, impensable unas pocas décadas anteriores cuando reiteradamente las naciones se batían en guerras por la hegemonía del continente, es una buena lección de cómo con la paz todos todos los pueblos ganan.
La Europa común es fundamentalmente una Europa de ciudadanos y su aproximación en gran parte ha sido posible por los grandes cambios sociales que depositaron la soberanía en los ciudadanos y no en las monarquías y la nobleza, que por naturaleza exigen el pleno dominio de sus parcelas de poder. Ciudadanos que sin hacer dejación de su nacionalidad han creído posible la aproximación política porque existían muchos más putos de encuentro en sus ideologías que materias de enfrentamiento que no pudieran ser superadas por un permanente diálogo. Si no todos, la mayoría de los europeos han encontrado en la unión el referente de solidaridad y progreso tras las estériles guerras que sólo sembraron destrucción y odio.
Ser europeo no entra en colisión con la respectiva nacionalidad, en un gran ejemplo de saber hacer política, porque lo propio de la ejemplar sociología es sumar y no quebrar los sentimiento íntimos que cada cual pueda tener por su comunidad más próxima. Al fin y al cabo la soberanía radica en cada persona y son los más inteligentes quienes amplían su proyección invirtiéndola en múltiples proyectos cuya única limitación metafísica está en que no sean contradictorios. Los ciudadanos de la comunidad europea saben bien que su libertad les compromete con el resto de los miembros de la Unión, pero que ello o debilita la pertenencia y construcción del propio Estado por la sintonía que pueden encontrar en ambas estructuras para la defensa y ejercicio de sus derechos y deberes sociales.
Es muy posible que la filosofía social que sustenta el proyecto de la Unión Europea esté sólidamente fundamentada, y sea uno de estos casos no habituales en la historia en que la maduración de las ideas ha adelantado a la formalización de las estructuras. Esto que representa un valor cultural y social muy consistente tiene, no obtante, algunos escollos que se traslucen en las dificultades para legislar una norma constitucional que plasme los valores que en común los ciudadanos comparten. La esencia de esa norma ha de ser establecer las defensas de la libertad en el respeto a la soberanía particular, al mismo tiempo que consagrar los principios de solidaridad esenciales a la democracia y establecer los cauces políticos de participación.
Hasta ahora, cuando los Estados adheridos a la Unión no eran un gran número, la estructura de convergencia entre los Estados respectivos ha sido operativamente viable, pero en los nuevos tiempos de sucesivas incorporaciones de nuevos Estados, cada vez se hace más compleja la administración peculiar de la Unión. No sólo se presentan las dificultades intrínsecas de las muy diversas lenguas, sino que los necesarios procedimientos de representación y comunicación reclaman una agilidad que quizá deba constituirse mejorando la actual situación.
En el pasado histórico está el ejemplo de la división administrativa del Imperio Romano en provincias, estructurado sobre conjuntos de población que a veces no se ajustaban estrictamente a los pueblos y nacionalidades conquistados. Aunque la realidad de la Unión Europea es absolutamente distinta porque no comporta una estructura de dominio, sí podría interpretar la necesidad de una administración interna que no se ajustara a la estricta convergencia de los jefes de Estado de cada país miembro y a su presidencia rotativa, sino a representaciones democráticamente elegidas, coincidentes o no con las respecitivas autoridades ejecutivas nacionales, que aglutinaran esferas de ciudadanos adecuadas con independencia de que abarcaran a uno o más estados miembros.
La esencia correspondería a la no atomización de una estructura política ni su vinculación necesaria con la estructura actual de cada Estado, que bien podría ser que algunos ciudadanos pudieran en uso de su soberanía variar en el decurso de los años. La necesaria articulación de la Unión Europea sobre los Estados miembos ha rendido muy eficaces servicios, pero es muy posible que superar esa limitación sin menoscabar la plena soberanía de cada Estado sería uno de los aciertos para la definitiva constitucionalidad buscada. Se puede pensar en provincias o bloques de entre 50 ó 70 millones de ciudadanos, con referencias geopolíticas próximas como unidades administrativas que acerquen los trabajos de la Comisión a las realidades de la sociedad y que al mismo tiempo sean los cauces de representación y gobierno de la Unión, equilibrando la posición de las pueblos integrados más pequeños.
La distinción política que cada ciudadano debe hacer de la misión de su propio Estado y la de la Unión fortalecerá ambas instituciones si no se supeditan necesariamente las soberanías y en cambio se interpretan ambas como el depósito libre de la misma, de acuerdo a los objetivos políticos a lograr. Desbloquear la Constitución totalmente no refrendada quizá pueda conseguirse por un más ambicioso proyecto que mire hacia la globalización del siglo XXI, dando adecuada respuesta a sus retos sociales.