CRISIS NEOLIBERAL
Todas las praxis económicas padecen periodos de crisis que ponen de manifiesto los aspectos más débiles de las teorías que las inspiran. Es lo que parece está ocurriendo en la economía más neoliberal, donde la pujanza emprendedora sostenida en los principios de la libertad de creación muestra su flanco débil cuando intereses muy particulares obvian las garantías de responsabilidad del equilibrio del sistema.
La economía por ser una ciencia social no puede aplicarse sin el avenimiento implícito de todas las partes que intervienen en el mercado, ya que sus leyes, como cualquier otra ley, carece de fundamento sin el concurso de la fuerza para hacerla valer. Toda ley de mercado, por tanto, precisa una racionalidad entre las partes a las que afecta que la sostenga en su ejercicio práctico. Nada debe ser comprometido en venta más allá de por lo que puede ser pagado, ya que de otro modo se estaría burlando la sustantividad misma del sistema.
Velar por la pragmaticidad del sistema compete al conjunto de quienes lo comparten, ya que toda exclusión reduce la amplitud lógica creando marginalidad, o sea, un sector incidentalmente carente de libertad para asumir compromisos, quienes por consecuencia suponen un riesgo elevado de generación de crisis.
La diferencia de prepotencia que se da hoy entre las partes que negocian las condiciones del mercado está exigiendo un regulador que antes que nada garantice que el pacto económico se sostiene en el pacto social, el que hace viable la solvencia misma de la sociedad que encarna el sistema. Esa función natural del Estado los más puros liberales la interpretan como sancionadora de la justicia para hacer valer los compromisos económicos, menospreciando que la estabilidad social es la que permite el desarrollo. Se olvidan, con demasiada frecuencia, que la pauta esencial de un sana política de mercado la marca el consumo, no la producción, porque es ésta la que debe proveer lo que el consumo demanda, principalmente en cuanto se refiere a satisfacer las necesidades básicas. Dado que el individuo consumidor en la doctrina neoliberal está muy desamparado frente a la prepotencia señalada de las grandes compañías, es por lo que, cuando nadie vela por el ejercicio de una posición que afiance sus derechos, su progresivo desvalimiento hunde las perspectivas económicas del sector social a quien compete.
Esa defensa global del consumidor para permitirle consumir a precios asequibles constituye un factor esencial de la economía que, por encima de patronos y sindicatos, debería regular el Estado, ya que es él y no otro quien tiene conferida de los ciudadanos la responsabilidad de lograr el bien común.
Existen sectores estratégicos de la economía, como son la energía, los alimentos, la vivienda, la educación y la sanidad, que por su gran repercusión para avalar los derechos fundamentales de las personas no pueden dejarse al arbitrio de intereses espurios que orienten las condiciones del mercado de acuerdo al interés de una parte dominante. Como la economía se da en sociedad, la prevalencia de ésta organizada en el Estado es fundamental para que no se desfigure el sentido último de todo el sistema económico.
La presumida autorregulación que postula toda teoría liberal adolece que sus defensas actúan cuando los desajustes ya se han producido, habiendo causado grandes desequilibrios en la sociedad, a veces con el enriquecimiento desproporcionado de unos pocos y el endeudamiento inasumible de muchos, que deben ser quienes a su vez soporten las medidas de ajuste, las que incapacitándoles para el consumo precipitan la crisis generalizada.
La necesidad de la regulación planificada de los parámetros macroeconómicos no se debería sustraer a la autoridad del Estado, como depositaria del contrato social, y su intervención debe hacer valer la fuerza de la ley para proveer la inversión y la gestión adecuada de los recursos que garanticen una estabilidad para el consumo que constituye la pauta de un crecimiento sostenible y continuado. Delimitar la función del Estado como promotor no puede minusvalorar su función como regulador, en especial cuando ha de velar por los derechos finales de los ciudadanos, los que tantas veces quedan sorteados, incluso en los acuerdos sectoriales de patronal y sindicatos. No hay que olvidar que el bien común, que es la finalidad última de la relación y la ley social, auspicia la mejora generalizada de la capacidad personal de autorrealización, y ello solicita una distribución adecuada de la riqueza que, a la postre, demanda regular el consumo que sustenta un saneado sistema económico.