INTEGRACIÓN EDUCATIVA
A nadie escapa que la comunidad tiene un deber subsidiario de atender las carencias de los niños y adolescentes cuando, por cualquier razón, esas obligaciones no las ejercer debidamente los padres. Esta tarea, no obstante, divide a la sociedad en la forma que debe asumirse, pues para quienes defienden que la obligación de educar sólo concierne a los padres, consideran marginal esa obligación, y que ella de ninguna manera debe condicionar la directa gestión de éstos sobre el entorno de la educación de sus hijos. Otros, en cambio, consideran que la labor subsidiaria debe asumirse en comunidad, de modo que todos los padres e hijos constituyan un solidario proyecto que ayude a integrar a quien presenta carencias afectivas o de medios de atención familiares.
La esencia de toda la discusión se fundamenta en que los hijos no son responsables de la vida de sus padres, y por tanto tienen derecho al amparo pleno de la sociedad que les garantice, lo mejor manera posible, una igualdad de oportunidades al desarrollo social lejos de toda discriminación. Se trataría de la tarea común del conjunto de la sociedad para paliar la defectividad de las relaciones paterno-filiales. Claro que esta solidarización del problema común entraña una dificultad de gestión que supera la mentalidad del ámbito particular.
El problema raíz se encuentra en los ejemplos alienadores de la intervención estatal para educar ideológicamente a los niños a través de la planificación de las escuelas y la selección discriminatoria de los profesores. Desde esa perspectiva histórica, la familia reivindica el derecho natural a emplearse en la educación de los hijos. Pero el escollo se presenta en cuándo, si muchas familias no atienden de hecho ese derecho, correspondería o no a la sociedad organizada en el Estado intervenir para paliar la fracturación de la política educativa de la sociedad.
Las dos posibilidades resultantes son: 1ª Que coexistan dos estructuras educativas paralelas, una gestionada principalmente por las familias y otra por la administración pública. 2ª Que exista una única estructura que integre a todos los alumnos y que sea cogestionada por la administración y los padres.
Dado que en cada familia el interés máximo deberían ser los hijos, parece que se impondría en la sociedad la primera opción si predomina una tendencia liberal, en la que las responsabilidades particulares se consideran prioritarias sobre las generales. En cambio, si la tendencia es socialista, por la que se consideran comunes buen aparte de las responsabilidades de toda la sociedad, predominará la opción segunda, en la que se busque la integración, aunque sea a costa de la mejor educación de unos pocos.
El derecho del niño a una igualdad de oportunidades en la sociedad se basa en que predomine en él los influjos positivos sobre los negativos. Disponer del adecuado centro y material escolar, de una alimentación reglamentaria, de una atención sanitaria eficiente, de acceso a los juegos y al deporte, etc. hacen que la desatención que pudieran sufrir en la vida de familia quedara en parte paliada, de modo que su proyecto personal se construya sobre las posibilidades que la vida le ofrece y no sobre las restricciones que su hogar le depara.
Considerar que el papel subsidiario de la sociedad puede ejercitarse al margen de un proyecto integrador es de alguna manera consagrar un proyecto educativo a dos velocidades, que necesariamente ofrece una sociedad estamentaria en oportunidades. Si ello se basa en el interés y talento personal de los niños, entraría en discusión, pero si es consecuencia directa de las circunstancias familiares, no debería admitirse sin estimar una honda deficiencia ética de la sociedad.
Pero educar integrando no es que el Estado eduque, sino que sea la sociedad quien lo realice en libertad, con el concurso de profesores, reconocidos en su derecho a la libertad de cátedra, y padres ejerciendo su deber de dirigir la educación de sus hijos. A las administracciones públicas les corresponde asignar los medios materiales y humanos para que el proyecto educativo pueda ser una realidad, mediante una eficaz política fiscal, y velar para que en la sociedad se promueva la defensa del derecho de todos los niños a una educación que les capacite en igualdad de oportunidades para su desarrollo futuro.