ECONOMÍA PARALELA
Una de las grandes grietas del sistema económico liberal la constituye la que, en virtud de la libertad, consigue desarrollarse de modo paralelo a las contribuciones sociales del sistema.
En la radicalidad más profunda del sistema liberal, la economía paralela pierde su sentido, ya que, en cuanto cada acto económico responde a la libre iniciativa de cada ciudadano, toda operación legítima puede ser considerada como válida. La contribución a la sociedad no se seguiría de la legalidad fiscal de la misma, sino del valor añadido que toda transacción mercantil genera a la comunidad. El bien social no se derivaría de la carga impositiva con que el Estado la afecte, sino de la riqueza intrínseca a los propios actos económicos. La mejor economía es aquella que no encuentra restricciones, y por ello pierde su sentido estimar como economía paralela aquella que se desmarca de la regulación estatal, pues es ésta la que estaría generando la distorsión del sistema, y aquella la natural actividad de la sociedad.
Cuando la comunidad se dota de un sistema económico regulado en atención a distribuir parte de la riqueza individual para atender la protección colectiva de las necesidades de los más desfavorecidos, surge la integración de las voluntades para ordenar un sistema fiscal que obliga por su fuerza legal a todos los que integran la comunidad. Esquivar esas responsabilidades burlando el sistema fiscal es lo que crea la economía paralela, cuya justificación subjetiva alcanza un grado proporcional a la ausencia de conciencia solidaria.
Cuando la economía entra en crisis, se hace mas evidente el efecto negativo de la economía paralela en la asignación de recursos para paliar los efectos de la recesión sobre la economía real de las familias, pues en estas situaciones se hace más patente la función social del Estado, cuyos recursos para la actuación es proporcional a la contribución fiscal de los ciudadanos. Pero la dificultad no procede sólo del déficit fiscal directo que se genera, sino también de la descapitalización de la comunidad por la evasión de los capitales generados en las operaciones opacas al sistema económico nacional.
En teoría la economía paralela o sumergida, como economía derivada de transacciones mercantiles, aunque sean ocultas, genera beneficios tanto para el comerciante como para el consumidor, porque uno y otro disfrutan del beneficio que les reporta ese comercio o servicio. Su crítica proviene más bien por su repercusión social, o sea, hasta cuánto ese comercio distorsiona una regulación orientada a favorecer la integración social de todos los ciudadanos y hasta cuánto perpetúa una jerarquización de dominios en el marco económico mundial.
Los vaivenes de la economía, con sus crisis, son el reflejo de la complejidad de una teoría que puede ser entendida y aplicada según el objetivo de interés particular o comunitario. Según se priorice uno u otro, y se estructuren los derechos a los que debe servir la economía, las repercusiones serán más o menos contundentes en la sociedad, afectando tanto más a quienes menos derechos reconoce el sistema.
La deficiencia de recursos que la economía paralela resta a los sistemas sociales legalmente establecidos hace que quienes actúan dentro del mismo deban aportar un mayor porcentaje de impuestos para estabilizar la balanza fiscal, y ello se acentúa como crítico cuando una crisis económica exige más aportaciones para que el Estado pueda ejercer su función social en la protección de los derechos de los más afectados. Es en esos casos cuando el Estado se urge a apuntalar la economía persiguiendo el fraude que se genera por las prácticas de las economías paralelas.
Reconstruir la estructura económica del sistema, y no apuntalarla, para conseguir la trasparencia que evidencie las actuaciones económicas al margen del mismo es un deber de los Estados para con sus ciudadanos, considerando los principios que la filosofía social establece para que sea el mercado quien sirva a la sociedad y no la comunidad quien sirva a los intereses de la actividad comercial. Una base sólida en los cimientos de la política económica contempla esencialmente la necesidad del esfuerzo laboral para crear la riqueza, lo que siempre será así aun con la ayuda de la ciencia y la técnica, y tanto más en cuanto más bienestar busque y se ofrezca a la sociedad. Por tanto, favorecer el trabajo debe ser uno de los principales objetivos del sistema económico, lo que no se logra sin una adecuada inversión en educación. El éxito económico de una colectividad radica en la necesaria reinversión en formación, lo que sólo se puede lograr si todas las fuerzas económicas repercuten honestamente la parte que les corresponde.
Considerar la vinculación y dependencia de toda la economía al capital de trabajo de los ciudadanos aún no se ha logrado establecer como esencia de los sistemas económicos modernos, en los que el capital dominante o especulativo sigue manteniendo la iniciativa, por lo que con mucha facilidad tiende a situarse al margen del sistema para rentabilizar más beneficio, aunque para ello actúe ignorando toda referencia social del mercado.