LA GARANTÍA DEL ESTADO
La función del Estado moderno -no las monarquías ni los imperios del antiguo régimen- tiene su fundamento en la defensa mancomunada de los derechos de los ciudadanos frente a quienes detentan posiciones de dominio por su poder efectivo sobre las personas. Para ello es necesario que el Estado sea configurado por representantes de los ciudadanos que realmente atiendan a proteger los derechos individuales de quienes de por sí no gozan de recursos para hacerse valer frente a los grupos de poder. El gran peligro persiste, no obstante, cuando el Estado se constituye como el más fuerte de quienes ejercen dominio, y su gestión de gobierno se dirige no tanto a proteger a los ciudadanos como a intereses propios de quienes ejercen la autoridad estatal. Esa definición del Estado y su efectivo ejercicio de defensa de los intereses ciudadanos es lo fundamental de la ciencia política.
La legitimidad del Estado no procede de sí mismo, sino del consenso de la sociedad que lo constituye, porque, teniendo como fin la defensa del bien común de los ciudadanos, sólo lo será cuando goce del reconocimiento otorgado por ellos para ese fin, ya que en caso contrario atentaría contra el derecho a la libertad de las personas. Para ello los Estados han de configurarse según un sistema democrático de representación que refleje el autogobierno propio de un colectivo de seres libres. El Estado, asimismo, ha de estar dotado de una estructura de medios para ejercer la defensa ciudadana, lo que corresponde a la organización política, que debe administrarse con eficacia para lograr los fines pretendidos.
La ausencia de un verdadero Estado que asuma la defensa ciudadana en todos los sectores -desde la integridad territorial a la gestión de los recursos naturales, desde la salud a la educación, desde la provisión de vivienda a la sostenibilidad del medio ambiente, etc.- dejaría sin recursos de justicia a la mayoría más desfavorecida, la que individualmente no podría defender sus derechos naturales frentes a quien gozara del poder de la fuerza para reprimirle. Por eso, la trayectoria del Estado moderno tiende a ser más popular, más social, cuando la efectiva conciencia ciudadana mueve al compromiso de participación democrática.
Los peligros del Estado, aun respetando la representación democrática, provienen, por una parte, de una corrupción institucional que pervierta intrínsecamente los fines propios del mismo, y, por otra, de la escisión social por la que el Estado sirva a la ideología de una parte de la población mediante la represión de los legítimos derechos de la otra parte de la sociedad. La corrupción institucional en los Estados democráticos provienen de la identidad de fines del Estado con los grupos de presión que detentan el poder, de modo que los medios del Estado se someten a intereses sectarios que, mediante un dominio fáctico sobre la población, consiguen la perrmanencia perpetua de una representación ciudadana que ignora o lesiona los derechos de los más, sin que éstos alcancen a conseguir los recursos mínimos para organizarse democráticamente y competir para hacer valer sus derechos. Pero no es de menos peligro el que las instituciones del Estado sean el reflejo de una división partidista que, aunque legítima, haga ineficiente su fin de servir al bien común cuando al atender a las reivindicaciones de una parte lo hace lesionando derechos legítimos de la otra, sin procurar un consenso que refleje el común denominador de la conciencia de bien y justicia que radica en todas las personas. Esta división social se radicaliza progresivamente en cuanto se realimenta la ideologización sectaria como estrategia de degradación de la parte contraria en la lucha electoral por el control del Estado, de modo que se siguen dictámenes cada vez más alejados de la defensa de las necesidades comunes de todos los ciudadanos.
Cuando en un Estado predomina el sistema económico liberal es cuando más necesaria se hace la acción reguladora del mismo, en cuanto que al estar consentida la libre iniciativa económica es más fácil que los poderes económicos supediten los derechos de los ciudadanos a su interés, tanto en el ámbito laboral como en el del consumo, quedando desamparados éstos si el Estado no vela porque el bien común se imponga en las prestaciones del trabajo y en las relaciones mercantiles, de modo que nadie abuse por su posición de dominio.
Cuando es sistema del Estado se inclina por la planificación centralizada de la economía, lo que se hace necesario es el control de quienes estructuran y modelan la planificación desde la administración del Estado, y para ello, como nadie es buen juez de sí mismo, es imprescindible el desarrollo de entidades civiles que canalicen la crítica constructiva de las repercusiones reales que la economía comporta para los individuos, las familias y las colectividades.
El gran peligro de optar por la planificación económica en vez de por la regulación positiva de las actividades es que para ejercer aquélla se precisa un estricto control de todas las estructuras, lo que fácilmente conlleva a que el sistema se corrompa y conciba como ilegítima la crítica social, reprimiendo por desleal toda la oposición o alternativa a los dictados gubernamentales.