RESPONSABILIDAD POPULAR
Hacer realidad la teoría política es quizá una de las pretensiones sociales que más lentamente se alcanzan, en parte porque el sistema legislativo y judicial va por detrás de los anhelos ciudadanos y en parte porque los ciudadanos no asumen su compromiso de responsabilidad para hacer política. Esta segunda causa debería llevar a considerar a cada persona en cuánto está siendo permisiva con una realidad política que critica pero que no construye. Síntomas de esa debilidad social son la baja participación en las votaciones, la escasa filiación a partidos, la tolerancia con la corrupción, la desinformación... Quizá piensan muchos ciudadanos que la política es algo ajeno, cayendo en un ineficiente conformismo, sin racionalizar que el que un sistema democrático no lo sea sólo formalmente se debe a que se cumpla su esencia de participación y representación popular.
El gran escollo ideológico al ejercicio de la responsabilidad proviene de considera que la política está dictada desde los núcleos decisorios de las grandes potencias y que sirve principalmente a intereses económicos de grandes compañías multinacionales difíciles de remover. Esa diferencia abismal que se da en política entre el poder real y cada ciudadano engendra el vértigo que paraliza la responsabilidad personal para proponer alternativas constructivas que hagan de la política el cauce lógico de atender a las necesidades comunes de los ciudadanos. Vencer esa inercia paralizante sólo se consigue mediante la toma de conciencia de la responsabilidad individual y de la consideración de la fuerza colectiva de castigo como medio para hacer rectificar a los políticos en ejercicio que burlan los auténticos intereses ciudadanos. En muy probable que esa fuerza colectiva sea limitada para cambiar las graves desviaciones ideológicas de la política mundial, pero sí sirve eficazmente para reprobar al político del inmediato estamento municipal, departamental, estatal. Implicarse en esa crítica, donde la responsabilidad puede hacerse efectiva a través del voto electoral, supone exigir a los propios políticos la determinación en resolver en la propia demarcación la parte correspondiente de los graves problemas que amenazan a la humanidad.
La responsabilidad ciudadana en la administración política es, como toda la política, un asunto de poder, cuya más primaria implicación está en no asumir estructuras de dominio ni en el ámbito individual ni en el de la colectividad. En esa crítica de los roles de dominio de la propia comunidad sobre otras es donde se refleja la verdadera responsabilidad de quien critica el ejercicio injusto del poder en el orden universal. Sólo quien exige la rectificación al propio Estado de los malos hábitos de poder se encuentra moralmente legitimado para reivindicar una política global más justa. Todo ciudadano tiene capacidad de enmendar la política de su sociedad, y desde ese modo ejemplar influir en la del concierto de las naciones.
El gran problema es que muchos ciudadanos proyectan su ambición personal en la política de su comunidad, enalteciendo la acumulación de dominio, sin percibir que todo dominio se constituye sobre la mengua o debilidad de terceros. Esta política de aparente seguridad que proporciona el poderío es la que origina gran parte de los conflictos mundiales que se detestan.
Si se comienza siendo exigentes con los propios gobiernos, muy posiblemente la democracia preste a los ciudadanos instrumentos suficientes para rectificar las desacertadas políticas globales mundiales, pero ninguna de esas posibilidades se realizarán sin la decisión responsable de la mayoría de las personas para orientarlas en el sentido correcto.