PAPELES PARA EL PROGRESO
DIRECTOR: JORGE BOTELLA
NÚMERO 5                                                                                                   DICIEMBRE 2002-ENERO 2003
página 7


TV ESTATAL






La oferta competitiva que nos ofrecen las televisiones estatales no tiene sentido en unas sociedades libres y democráticas. Al estado le corresponde la responsabilidad de una veraz información, una programación de difusión educativa y la promoción cultural.

Por su propia esencia, la televisión estatal no puede tener fines comerciales, de igual manera como no es un fin del estado, en la economía de libre mercado, fabricar patatas fritas ni paraguas. Tampoco tiene objeto que sea la televisión del estado una televisión de esparcimiento y ocio, pues para tal fin existen en el mercado múltiples ofertas de audiovisual. La competencia en que entra la televisión pública -la que se sostiene por el presupuesto nacional- con las cadenas comerciales de financiación privada es desleal cuando la televisión estatal invade los ámbitos que no le son propios por naturaleza.
La extensión de la responsabilidad del estado en el compromiso educacional a todos los espacios posibles es de pleno derecho social. Promocionar los medios audiovisuales para difundir módulos de educación alternativos y enseñar entreteniendo, una obligación. Posibilitar la penetración de la educación y la cultura hasta los recónditos espacios de las montañas y selvas, una necesidad.
Hacer de la difusión formativa una alternativa de interés al mero consumo de ocio es el verdadero sentido y justificación del esfuerzo social para crear y mantener medios públicos de comunicación audiovisual.
La realidad, en cambio, que se puede constatar en las emisiones de las televisiones públicas corresponde a una decadente sucesión de programas sin sentido, chabacanos; culebrones que promocionan la espiral de los vicios, el ego y la idolatría de la personalidad; filmes que difunden los valores de la violencia; el fútbol que todo lo llena.
Esta disfunción de la televisión pública no puede encontrar justificación si no es en la utilización fraudulenta de la naturaleza de su existencia, a favor de intereses particulares ajenos al bien común. El abandono de sus fines propios por otros no parece responder a otro fin que la asunción de la fidelidad de la audiencia en competencia con los demás medios de comunicación. Una confrontación sin sentido, fuera del objeto democráticamente desestabilizador de la propaganda política.
La gestión que de la televisión pública hace el gobierno respectivo, con frecuencia la convierte en el mejor medio de su promoción política. Un bien del estado que se desfigura de su cometido social para única utilidad del poder establecido.