PAPELES PARA EL PROGRESO
DIRECTOR: JORGE BOTELLA
NÚMERO 5                                                                                                   DICIEMBRE 2002-ENERO 2003
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LOS NUEVOS JUECES






El desarrollo de la sociedad y la diversidad de nuevas aplicaciones no pueden quedar al margen de la estructura orgánica de aplicación de la justicia. La provisión de las modernas formas de gestión terminará por imponerse en los juzgados para prestar la mayor diligencia posible, pero el eje de la adecuación de la justicia a las demandas del progreso pasa por la especialización de jueces y magistrados.

Una es la ciencia del derecho en sus relaciones propias, que se suponen en todos los profesionales, y otra la aplicación del derecho a las específicas situaciones sociales que se han de juzgar. Hasta hace pocos años, la mayor parte de los delitos podían tipificarse en unos racimos de temas sobre los que códigos y la jurisprudencia arrojaban suficiente luz para ser sentenciados. Desde hace unas cuantas décadas, en cambio, la tipología de los delitos se han complicado por la simple proyección de la actividad de una sociedad mucho más dinámica y tecnificada.
La especialización que acompaña a la mayor parte de las ramas de la ciencia y la técnica, responde a la incapacidad d un hombre para poder abarcar la multiplicidad del saber. La limitación humana ha impuesto nuevas formas en los distintos ámbitos de trabajo en la sociedad. La enorme responsabilidad que subyace en cada decisión judicial, por la trascendencia que para los ciudadanos pueden reportar sus actos, hace que la preparación profesional sea un proceso en permanente perfeccionamiento.
Es muy probable que la capacitación en el ámbito del derecho daba ser complementada con distintas especializaciones. Tener que dictaminar y sentenciar sobre temas tan específicos como los actos vinculados a la actividad mercantil, sanitaria, urbanística, familia, ciencia, etc. se realizarían con mucha más seguridad si el fiscal o juez fuera especialista en la materia.
La premura con que en determinados casos los fiscales han de resolver sobre la solicitud de procesamiento de personas sobre las que pueden recaer indicios de criminalidad, con el consiguiente razonamiento de la demanda, requiere que el fiscal además de los conocimientos específicos del derecho añada los generales propios de la materia específica de que se trate.
Aún con la asistencia de los informes periciales, es conveniente que jueces y fiscales sepan de la materia que juzgan para mayor garantía de los ciudadanos. Figuras de economistas-fiscales, economistas-jueces, médicos-fiscales, médicos-jueces, criminalistas-fiscales, criminalistas-jueces, etc. no deben estar muy lejos de ser realidad. Juzgados especializados sobre materias deberían ser ya una realidad en todos los estados desarrollados. Aún sabedores de la complejidad de conocer sobre toda clase de asuntos, en la medida del respaldo ofrecido por la capacitación profesional específica, la credibilidad de la justicia se verá muy beneficiada.
Modificar sistemas y planes de estudio no depende más que de la voluntad política de adecuar la justicia a la modernización que exige la sociedad.