ALIANZAS Y DERECHOS HUMANOS
Desde la remota antigüedad entre los distintos imperios y naciones se han realizado alianzas para la defensa de los respectivos intereses. En el siglo actual sigue existiendo la misma tendencia, por la que los Estados se alían con muy diversos fines, y eso hace que muchas veces esas alianzas puedan ser criticadas por la distinta concepción con que se entienden aspectos determinados de la política y de la vida. Esta crítica se acentúa cuando en alguno de los aliados se aprecian atentados a los derechos humanos denunciados por numerosas instituciones sociales de alguno de los otros Estados que formalizan la alienza. Esa política de "mirar hacia otra parte" no es aceptada por muchos ciudadanos sensibilizados con la defensa universal del respeto a los derechos de la persona humana.
En esto la ética y la política parece que no alcanzan una buena concordancia, lo que podría entenderse como que la política que en sus alianzas transige respecto a la exigencia de los derechos humanos es innoble y carente de ética. Esto sólo podría realmente juzgarse así cuando el fin del trato o alianza estuviera relacionado directa o indirectamente con algún tipo de violación de derechos, pero no debería aplicarse si el interés que mueve a los Estados para la alianza es distinto, de modo que los objetivos comunes no incidan con las concepciones pertinentes de cada gobierno en materia de derechos humanos. No obstante, aun en esos casos, muchos consideran que el mero hecho de formalizar esas relaciones hace, de alguna manera, cómplice a cada Estado de las violaciones sobre derechos humanos de los demás con los que concierta.
En sentido estricto, la ética sólo abarca a los actos consentidos, y por ello debe juzgar los objetivos directos de las alianzas, y no necesariamente los demás aspectos de las políticas nacionales. Si se fuera mucho más estricto en el filtro ético para valorar cualquier relación internacional, es muy probable que fueran imposibles las alianzas y cualquier otro tipo de aproximación supranacional. Es por ello por lo que la ética debe valorar cómo las alianzas entre países consiguen, al menos, abrir las perspectivas de relación e información para los pueblos, lo que puede ayudarles a conocer cómo se preservan y valoran los derechos humanos en otras culturas del mundo. Aproximarse las naciones no supone necesariamente respaldar las políticas nacionales de los demás países, aunque constituye una buena ocasión para interesar a los contrarios en los objetivos globales de respeto a los derechos humanos.
Si bien es muy probable que la ética de una nación no quede contaminada por el posible interés estratégico del Estado, de modo que se potencien las relaciones diplomáticas, económicas, de conocimiento, de desarme, etc. no por ello debe dejar de comunicarse, si no denunciar, la disconformidad con la violación de derechos humanos, porque ello supone un beneficio para el país demandado, aunque no lo reconozca así el Gobierno afectado. De lo contrario, sí que cabría suponer una política de reconocimiento de esa vulnerabilidad, lo que contamina la ética internacional. El hecho de que quepan otros aspectos de alianza para al progreso, no debe ignorar los fundamentos éticos comunes a todos los pueblos, y otorgar con el silencio podría confundirse, a la larga, como pasiva colaboración.