JUSTICIA INDEPENDIENTE
Establecer una estructura que favorezca una justicia del todo independiente exige que dentro del sistema democrático no se creen dependencias en el ejercicio judicial en razón de vinculaciones entre fiscales y jueces y los partídos políticos. Se pensaba que, si los gobiernos eran elegidos por el pueblo, los cargos judiciales designados por los mismos sostenían la credibilidad democrática, pero el gran escollo se encuentra en que esos jueces han de juzgar muchas veces la legalidad de los actos de gobierno, y así cabe la legítima duda sobre la parcialidad hacia quien le ha propiciado ocupar un cargo judicial. En otros sistemas esta responsabilidad se traslada al parlamento, pero igualmente surge la suposición de la concatenación del juicio hacia los postulados e intereses políticos de los designatarios.
Esta realidad de dependencia frente a la supuesta independencia judicial se observa con tanta regularidad que ha venido a considerarse como un tercer poder político -tras el ejecutivo y el legislativo- alineando a cada juez en todas sus sentencias con los patronos políticos que le han aupado al cargo. Así, la justicia no interpretaría las leyes con rigor e independencia, sino de acuerdo a las ideologías de los respectivos sectores dominantes y grupos de presión.Algunos pretenden despolitizar la justicia defendiendo una acción corporativa al margen de la ciudadanía, donde los mismos jueces y fiscales realizaran el control de la carrera judicial, lo que podría suponer un sectarismo mucho más radical, pues, ejerciendo el control de acceso y de promoción a la judicatura, podría fácilmente corromperse de acuerdo a los intereses de quienes coparon los cargos en un proceso precedente.
Si los cargos que han de ocupar la cúpula de los organismos judiciales, como son: tribunales constitucionales, tribunales supremos, cortes de apelación etc., dependen de la voluntad de los parlamentarios o gobernadores, difícilmente se hallaría en un derecho independiente causa más próxima de recusación, pues quien es designado o promocionado a tal responsabilidad difícilmente podrá desligarse de los lazos de afinidad política por los que ha sido elevado hasta ese lugar. Por ello no es extraño que de antemano se prevea la tendencia de una sentencia en razón de cómo ha sido cada juez elevado hasta su autoridad judicial.
Para impartir justicia es necesaria la máxima independencia ideológica, tanto como que el juez debe juzgar según la mentalidad del legislador y los valores sociales que la ley protege, de acuerdo al consenso más amplio de la ciudadanía, pues toda justicia, en un sistema democrático, emana del pueblo.
Como aun cuando la elección directa de los principales cargos judiciales no determinaría su imparcialidad, pues se deberían a quienes apoyaron social y económicamente su candidatura electoral, habría que articular otro sistema para la promoción de jueces y fiscales, que lo hiecieran sólo en razón de su trabajo, experiencia e idoneidad. Si no parece lógico que sean los gobernadores, parlamentarios, ni el propio colectivo judicial quien determine los cargos de gobierno y administración de justicia más relevantes, habría que recurrir quizá de forma aleatoria para que, entre todos quienes posean méritos, sea el azar quien determine la provisión de los cargos, sin que ningún juez deba nada a nadie, sino a su experiencia profesional y a la fortuna asumir esa responsabilidad. Se trataría de que todos quienes reúnan los requisitos adecuados para cada cargo no puedan ser ni favorecidos ni discriminados por quienes intervienen en su designación, lo que directamente favorecería la salvaguarda de su independencia.
El control popular, a través del parlamento, podría orientarse no para nombrar, creando dependencia, sino en depurar a aquél que su irresponsabilidad no le hiciera merecedor del cargo, siempre que esa acción se realice por una mayoría cualificada que evite sectarismo partidista.