Las  protecciones sociales que constituyen el paraguas y la armadura de las políticas de bienestar fundamentalmente son: Las prestaciones por desempleo, los subsidios en la enfermedad y las pensiones de jubilación. La vela de su institucionalización reporta a los poderes públicos una justificación de su compromiso social, que sirve de medio de promoción para ser avalados por la ciudadanía: Cuanto más se perciben los beneficios prestados, mejor conceptuados están; y cuanto menos repercute el costo para conseguirlos, más aceptados son. De este modo, la ecuación para generarlos y administrarlos se hace tanto más rentable políticamente cuanto más falsea el equilibrio matemático. De ahí que los políticos paternalistas y populistas trajinen todo género de artimañas para lograr algo tan imposible como engañar a la realidad.
Una reivindicación ideológica del liberalismo ha sido el que las protecciones sociales sean administradas a la voluntad individual de cada ciudadano, pues sobre cada uno recae la responsabilidad y el derecho a distribuir los beneficios de su trabajo, según su propio entender. En cambio, los socialistas reclaman su regulación por las instituciones públicas para velar, tanto sobre la irresponsabilidad de los ciudadanos, como sobre la distribución que el azar pudiera deparar a unos y otros. Para los primeros la ecuación del bienestar social sigue una fórmula personalista, para los segundos una distribución solidaria.
Conseguir la fórmula que repercuta el mayor bien para la sociedad es difícil porque incluye un factor importante de futurismo, en función de los vaivenes del mercado laboral y de la longevidad de la vida. No obstante a ello, lo que sí sería plausible es aproximarse a una ecuación que interprete lo diferente de las varias ideologías, para generar una estructura lo más estable posible a las sacudidas de la economía.
Integrar la independencia y la solidaridad puede parecer tarea ardua, pero en algunos aspectos puede considerarse posible si la independencia no menoscaba la solidaridad, y si la solidaridad sirve de garantía para la independencia. Por ejemplo se podrían citar como principios que se refuerzan comúnmente:

• Que la prestación por desempleo no premie el absentismo laboral.
• Que la prestación de jubilación reconozca una proporcionalidad a la aportación realizada durante la vida laboral.
• Que la baja por enfermedad no pueda ser fraudulenta.
• Que la solidaridad intergeneracional no lesione derechos individuales.

No es menos social el que, lejos del paternalismo que en su día premió magnánimamente a unos pocos con un pequeño esfuerzo de muchos, ahora se tome en consideración lo que cada cual aporta a los planes de prevención, reservando la solidaridad en potenciar la igualdad de oportunidades y la garantía de la capitalización común que pueda garantizar unas prestaciones dignas por la honrada participación de todos los ciudadanos.
Quizá el sistema unificado de aportaciones y coberturas durante toda la vida laboral, que considere en la definitiva cuantía en las pensiones las no gastadas a cuenta por desempleo y bajas laborales, haría que cada trabajador asumiera una mayor responsabilidad laboral, sabiendo la repercusión que ello pueda tener sobre una más holgada jubilación. Tanto más si el cálculo de las pensiones se haya de realizar, de modo realista, en función, además de la cotización histórica, de la perspectiva de vida una vez retirado, habiendo libertad para retirarse antes o después, repercutiendo sobre la vida estimada futura la cuantía total de las prestaciones a las que se haya constituido derecho.

 
 

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