Existe una queja generalizada en la sociedad acerca del excesivo control de las leyes, de modo que, a la percepción de algunos, cada vez se prohibe y se obliga más, lo que les conduce a concluir que son menos libres.
Sobre ello cabrían variados ámbitos de reflexión:

• Sobre si las leyes realmente limitan la libertad.
• Si el ordenamiento de la sociedad es una necesidad para la convivencia.
• Si las leyes se multiplican porque la sociedad constantemente innova y se dinamiza.
• Sobre la perpetua renovación legislativa en función de una mayor alternancia del poder.
• Si el considerado agobio legal no proviene de una deficiente simplificación, por no derogar o reunificar textos legales.

La replica más superficial proviene de considerar que los políticos y los juristas hacen muchas leyes para la justificación de su papel en la sociedad. Se considera en esa argumentación dos razones: 1ª Que la sociedad ha poseído siempre capacidad para regirse por costumbres y tradiciones. 2ª Que el poder no debe proclamar un ley que luego no sea capaz de controlar su efectivo cumplimiento. A raíz de ello solicita una parte de la ciudadanía contención a las autoridades para que se abstenga de regular lo que ya el sentido común es capaz de moderar en los hábitos personales y en las relaciones ciudadanas.
Contra ello cabe aducir que la sociedad, al tiempo que crece, establece relaciones más complejas que exigen un mayor control para que la convivencia no desvaríe en función de la disparidad de procedencias y la multiplicación de los conflictos de confluencia. Por ejemplo: Los acuerdos a establecer entre 2 personas para regular su relación se suponen menores que los necesarios para converger el criterio entre 4 u 8. Una prueba está en la mayor complejidad para ordenar la convivencia en una familia de 8 miembros que en una de 3; o cómo un aula colegial con 6 alumnos es más gobernable que otra de 35. Del mismo modo, cuando las comunidades crecen, ya no bastan el mismo número de leyes que cuando eran más reducidas, sin que una y otra solución se pueda calificar de por sí como más restrictiva para la libertad.
A los cambios sociales le siguen nuevas y múltiples relaciones entre sus ciudadanos, y, cuanto más crece y más rápidamente lo hace una comunidad, más necesario se hace un refuerzo de las ordenanzas y leyes para regir con la eficaz atención el derecho que se pueda derivar de esas relaciones. La ley no es quien crea el derecho, sino que lo reconoce y protege, y por ello sigue siempre a una demanda ciudadana, que puede ser la de una minoría. Cuando no se legisla, es fácil que el derecho de las minorías, o de las mayorías marginadas, se conculque hasta el grado de que se pueda perder como noción de derecho, lo que generaría un empobrecimiento trascendental de la fundamentación de la sociedad. Lo importante es que las leyes tengan el reconocimiento mayoritario de la sociedad, lo que se consigue cuando toda la población adulta goza del derecho democrático de participación.
No es de extrañar que la aglomeración urbana a la que se tiende origine que se haga patente un desarrollo legislativo importante, que podría parecer represor, pero ello no guarda relación directa con las muchas o pocas leyes que pudieran ser necesarias, sino que las mismas sean justas o no.
La crítica liberalizante a la excesiva regulación de la sociedad, lo que enfoca no es que la sociedad se autocontrole en exceso, sino el juicio a la noción de sociedad. Es posible vivir en multitud atendiendo cada cual en exclusiva a sus propios intereses y lográndose una mejor supervivencia al margen de las necesidades de los los demás. Ello no hace sociedad, y por tanto es lógico que desde esa perspectiva de entender la convivencia como el simple roce de intereses individuales, familiares o de clanes, se conteste a la proliferación de la ley, cuyo fin es siempre social, entendido como tal el bien común del conjunto de personas que puedan entrar en relación.

 
 

VOLVER A ÍNDICE TEMÁTICO