COPAGO
Entre las dos concepciones económicas punteras del siglo XX, el liberalismo y el socialismo, el centro lo representaría la social-democracia, pero esta no corresponde a una simple posición estratégica entre extremos, sino que reclama una filosofía económica que concierte la progresiva igualdad entre los ciudadanos como respuesta a la mayor implicación de todos ellos en la responsabilidad de la producción. El itinerario se marca desde la igualdad de oportunidades para la promoción social y profesional a la corresponsabilidad fiscal para sostener el Estado de protección social. Para alcanzar ese fin la social-democracia necesita rectificar permanentemente su rumbo sin desviarse al igualitarismo ni al individualismo, y mantener una visión de cooperación social que se sostenga por el refrendo de una mayoría de la ciudadanía.
El modelo económico para garantizar el sostenimiento del Estado de protección pasa porque ni el Estado asuma la posición paternalista de ofrecer los servicios de modo gratuito a sus ciudadanos, ni dejar a cada uno a su prevención y suerte, buscando el Estado encauzar un solidaridad social en la que los ciudadanos practiquen al tiempo la responsabilidad y la cooperación. Una de las posibles fórmulas a aplicar es el copago, que consiste en que de cada servicio el costo de una parte corre a cuenta directa del beneficiario, para que sea plenamente consciente del precio de los servicios y que los mismos preceden del esfuerzo solidario de todos los ciudadanos.
Una teoría antropológica sostiene que las personas valoran mucho más aquello que les cuesta conseguir que lo que es regalado. El que, en su vinculación a la sociedad, les parece más lo que ofrecen que lo que reciben refrenda aquella idea, porque lo que dan es fruto del esfuerzo personal, que se sabe bien lo que ha costado, mientras que lo que se recibe, como su origen se diluye en la multitud, pudiera parecer que se genera casi automáticamente del simple hecho de existir una comunidad organizada. Cuando la verdad es que si algo se recibe es por el esfuerzo que se ha hecho en darlo y distribuirlo de modo proporcional. Buscar esa percepción de que el esfuerzo propio no puede ni debe ser anulado por la solidaridad común es por lo que solicitar el copago de los ciudadanos en cada servicio atiende al interés económico y social del Estado.
El copago puede extenderse a los transportes, la educación, la sanidad, las residencias de mayores, la cultura, y en general a todos los servicios en los que el Estado se implica para atender demandas sociales que favorezcan una protección de seguridad o de equidad para el desarrollo integral de los ciudadanos. Cuanto más prioritario es la necesidad que cubre, más importante será que su viabilidad económica se sostenga, y que se evite el uso fraudulento o el abuso en el disfrute del servicio. Una primera medida de sicología de autocontrol lo regula el copago, por lo que costando algo disponer del bien haga considerar si realmente es necesario. Esa pequeña parte que supone el pagar por el servicio hace que no se acuda a solicitarlo automáticamente sin más, sino porque se ha calibrado que aun teniendo que abonarlo en parte resulta conveniente.
De alguna manera el copago hace proyectar la economía doméstica sobre un sector de la del Estado, de modo que no se derrocha ya que todo ciudadano calibra el modo de disfrutar los servicios con el mínimo costo. Ejemplos: se acumulan visitas el médico, se utilizan los transportes con más racionalidad, se ahorra para atender a esos gastos priorizándolos sobre otros superfluos, y esa mentalidad repercute en un control más sostenido del gasto público.
Una parte importante del proteccionismo público está orientado a cubrir accidentes o situaciones sociales avenidas por los cambios en la forma de vida, desarrollos, emergencias, etc. que derivan de que en el conjunto de la sociedad puede mejorar ratios de bienestar a muchos ciudadanos que han sufrido una desgracia, han tenido un revés de salud, su capacitación social no cubre sus obligaciones familiares, o la pensión de jubilación no alcanza a cubrir los costes dignos del momento presente. A paliar todas estas necesidades acude el Estado, pero no debería sustituir la responsabilidad personal, sino compaginarla, de modo que nunca se pierda la relación entre deber y derecho en la inserción de las personas en la vida social.