FISCALES Y JUECES BENGALA
El desmedido celo profesional y el afán de protagonismo de algunos fiscales y jueces pueden repercutir negativamente sobre la vida de la sociedad si olvidan que el fin esencial de su trabajo es el mejor servicio al bien común. Al depender mucho de su sola voluntad, pueden decidir la suerte de la vida de algunos ciudadanos e influir negativamente en la resolución de conflictos sociales. Por ello es fundamental que el ejercicio responsable de su cargo se aleje de toda espectacularidad, de excesiva originalidad y de anhelar la trascendencia que haga relevante su posición en los medios de comunicación. Esta discreción que se pide a los funcionarios de la administración pública previene para no comprometer la percepción que de la coherencia de su trabajo tengan los demás ciudadanos.
La función de la dirección del Estado compete a los políticos, porque son los legítimos representantes de la ciudadanía, y ello no puede ser obviado por los funcionarios en su celo de servir a los ciudadanos. Arrogarse esa función supone un grave quebranto del orden social, porque desestructura el sistema de representación.
La independencia del poder jurídico garantiza que quien juzga no esté condicionado sino por la ley. Esa independencia de toda presión externa a la de la misma causa -que deben permanentemente reivindicar los profesionales de la justicia- debe extenderse también a desligar de la entidad de su trabajo las expectativas personales de éxito o cualquier interés personalista.
A veces entran en conflicto la aplicación de la justicia -no la tergiversación de la misma- con otros intereses del Estado que competen a departamentos distintos de la Administración. Por ejemplo, intereses en relaciones internacionales, protección ciudadana, información reservada de seguridad nacional, convergencia de investigación de otros delitos, etc. En todos estos casos el buen orden del bien común puede exigir de un fiscal o un juez el trabajo concertado para que por el celo de demandar un delito se pueda interferir un proceso mucho más relevante para el bien de la ciudadanía. Piénsese, por ejemplo, en que la detención de un delincuente de un caso mediático impidiera una acción de seguridad mucho más amplia, como la detención de toda una banda criminal.
El trabajo concertado de todos los estamentos del Estado que logran la aplicación de la justicia debe ejecutarse bajo la dirección del Gobierno, sin menoscabo de la autoridad judicial, pero comprometiendo ésta su independencia al objetivo último de servicio a los intereses nacionales. El conflicto de poder entre el judicial y el ejecutivo no se puede resolver con detrimento del bien común, porque ambos poderes emanan de los mismos ciudadanos en cuyo servicio se ejerce la justicia.
El deseo de destacar en una legítima pasión de todas las personas, que busca ser tomada en consideración por sus méritos. Ello lleva a los políticos con demasiada frecuencia a decidir por la trascendencia mediática de sus actos, sin madurar adecuadamente las consecuencias. Algo parecido les ocurre a los ejecutivos que, por ambición de las primas o por excesivo amor propio, toman decisiones de corto alcance, cuyo resultados sólo se han valorado para el hoy sin pensar en el mañana. Esa forma de trabajar se puede trasladar a fiscales y jueces, buscando la interpretación de la ley que más favorezca sus expectativas de éxito.
Una fuente de la justicia se encuentra en la interpretación racional de las leyes, por lo que juzgar sin apasionamiento garantiza no sólo la correcta aplicación de la justicia actual, sino indirectamente condiciona también la futura, por lo que ello debería dirigir el sentido de responsabilidad cuando los fiscales instruyen y los jueces sentencian, fundamentando tan bien los razonamientos jurídicos que no puedan ser fácilmente recurridos. Cuando esa fundamentación contempla la mente del legislador y no sólo la letra de la ley, aproxima la justicia a los ciudadanos, quienes ven reflejada en la acción judicial el depósito de confianza en quienes tienen en sus manos sostener racionalmente la idoneidad de la justicia. Al contrario, la pugna entre jueces y fiscales por hacer prevalecer sus intereses ideológicos o mediáticos favorecen la desconfianza del pueblo y, a veces, ayudan a escindir la sociedad en sectores enfrentados.