PAPELES PARA EL PROGRESO
DIRECTOR: JORGE BOTELLA
NÚMERO 60                                                                                         ENERO - FEBRERO  2012
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IMPUESTOS Y TRIBUTOS

 
La vida en comunidad exige cofinanciación de los servicios comunes, lo que se logra por aportaciones a una caja común que administra la autoridad establecida. Esta relación económica entre ciudadano y Estado no es siempre bien comprendida por quien debe tributar, bien porque cree que no existe correlación entre las aportaciones y los servicios, o bien porque estima que la distribución de esas cargas no es justa.
Es muy probable que la percepción del deber de los impuestos y tributos que han de sufragar los ciudadanos no está sociológicamente arraigada. Tan sólo algunas naciones muy avanzadas en conciencia democrática perciben la debida relación entre deberes y derechos, y su correlación económica entre impuestos y prestaciones. En la mayoría de las comunidades se sostienen reminiscencias del antiguo régimen en el que los tributos se habían de abonar como signo de sometimiento y sostén de los soberanos. La idea de que se ha de pagar del propio trabajo para mantener al poder, quien dispone a su antojo, con más o menos justicia, permanece en la mentalidad de muchos pueblos donde en realidad se percibe que los impuestos no repercuten en equilibrar las diferencias entre ricos y pobres.
La pedagogía de la filosofía social se ha de esforzar en subrayar la distinción de lógica de don conceptos: Uno, denominándolo impuestos, como el que se sigue del equilibrio de poder democrático, y otro como tributos, considerando éste como imposición del poder autoritario. El primero alcanza su pleno sentido en la financiación comunitaria de los servicio públicos que facilitan la promoción de los ciudadanos y fomentan la cohesión social. Representa un reparto proporcionado de la financiación de los servicios que competen a la estructura del Estado. La semántica del tributo -con independencia de su acepción léxica en cada lengua- refiere a la sufragación de los gastos de la estructura del poder, sin que ello suponga una correspondencia entre cargas y servicios, ya que la imagen de servicio del propio puede haber sido cuestionada por los mismos ciudadanos. Cuanto más las contribuciones se asimilan a tributos, menos predisposición presentarán a ser aceptarlas. En cambio, en cuanto esas cargas las relacionen con impuestos, habrá mayor respeto.
Aunque a todos los ciudadanos les cueste pagar, las cargas fiscales se asumen satisfactoriamente cuando reúnen la condición de ser establecidas con su libre consentimiento, a través de sus representantes para legislar, y cuando son reconocidas como que se recuperan a través de la eficacia de los servicios públicos. Si el Estado moderno quiere conseguir la adhesión de sus ciudadanos en política fiscal, debe prescindir de las estructuras onerosas para los bolsillos de los ciudadanos, ajustándose a aquello que realmente repercute para conferirles un adecuado bienestar. La transparencia de la Administración pública será quien logre la confianza de que los poderes sirven al pueblo y no quienes se sirven del él.