PAPELES PARA EL PROGRESO
DIRECTOR: JORGE BOTELLA
NÚMERO 63                                                                                        JULIO - AGOSTO  2012
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EL DEDO EN LA LLAGA

 
En el plano moral cada persona acaba siendo víctima de sus errores; en el social la mayoría de las personas son víctimas de errores de otros. A veces esos otros son los políticos, pero lo habitual es que los culpables no sean ellos, a quienes los ciudadanos les pueden revocar los poderes, sino los detentadores del poder económico, que desde la sombra imponen sus intereses sobre los de la mayoría, de modo que los ciudadanos padecen la merma de su legítimo interés que se traduce en precariedad de vida. Cuando se pierde el bienestar superfluo se ha de considerar incidente del devenir social; cuando las afectadas son las necesidades sociales lo que se genera no es un incidente sino un desgarro social. Es cuando el ciudadano reconsidera ¿para qué está el Estado?
La razón del Estado está en la protección de quien no se puede proteger individualmente, y por ello surgieron las ciudades fortificadas, las leyes y los cuerpos de seguridad, proveyendo el Estado la justicia en las relaciones interpersonales para evitar el abuso del débil por el poderoso. Ello es especialmente cierto en los Estados democráticos, donde el sistema de representación es el vehículo para que las mayorías gestionen su defensa común. Pero siendo así, ¿por qué prevalece el desgarro social?
Sea cual fuera la causa de la precariedad, la razón de la defensa de los ciudadanos por el Estado no debería entrar en duda, y sin embargo son muchos los ciudadanos que consideran que no sólo sus heridas son causadas por la ineficacia del sistema, sino que el Estado hurga en la herida de los más débiles, restringiéndoles los derechos, para reconocerse deudor de la estructura que genera la crisis a sus ciudadanos. ¿No es entonces que el poder político está sometido al poder económico?
La rebelión social para que el amparo que busca la ciudadanía en la protección política logre ser una realidad choca permanentemente en que los políticos se dejan seducir por el poder económico, de igual modo que a cada ciudadano le tienta el consumo, dando como resultado que la política se constituye como un poder formal de la ciudadanía al servicio del poder real de la economía. De este modo el rol ciudadano pasa de ser sujeto del Estado a objeto de los mercados, para producir y consumir en dependencia a sus intereses. ¿Es cierto entonces que las crisis responden a ajustes de interés?
Ajustarse es siempre consecuencia de los desajustes acaecidos, y por ello el ajuste debería siempre recaer en quien es causa, no víctima, de la generación del desajuste. Si los políticos fueran competentes, deberían servir a los ciudadanos en su defensa, y no en poner el dedo en la llaga pretendiendo curarla, como si la misma fuera causa de su mal. Por eso, cada vez más, la desafección de los ciudadanos hacia la política se extiende al juicio sobre la idoneidad de la forma de Estado, enfocándose a una radicalización del control económico por el Estado que lo ponga en servicio al ciudadano. ¿Pero es ello el buen camino?
Las debilidades tanto del sistema neoliberal como el socialista, que quedan patentes en la crisis económica actual, revelan cómo, mientras una nueva teoría no los supere, los ciudadanos los necesita para, al menos, limitar el desajuste que la otra teoría llevada al límite pudiera producir. El común denominador de una defensa del sistema de mercado en un marco de protección social puede ser desarrollado de las diversas maneras que los políticos de una y otra tendencia se empeñan en mostrar como más eficientes, dejando unas y otras aplicaciones éxitos y fracasos, lo que debería inducir a una síntesis de lo mejor; algo que no se realiza en el mayor de los casos por la opacidad de miras y el recelo mutuo a otorgarse en algo la razón. Es muy probable que sus luchas ideológicas les cieguen en distinguir que el desajuste no está en la forma de entender la política, pues en el pasado ambas han logrado éxitos y progreso, sino en que ninguna de ellas otorgue la sumisión del poder político al económico, lo que es lo mismo que no se negocien los derechos ciudadanos fuera de las reformas que hayan de aplicarse por la propia dinámica de la evolución social.