LA IMAGEN DEL ESTADO
En las relaciones económicas entre Estados y, sobre todo, con los inversores financieros e industriales es determinante el grado de confianza que se genera sobre la buen fin que puedan tener los negocios establecidos. Esa valoración se construye desde la identificación de los valores y riesgos que ofrece la solvencia de la economía de un país, pero también según la imagen de coherencia y transparencia que ofrece no sólo el Gobierno y la Administración del Estado, sino también la que refleja la forma de ser de los ciudadanos de la nación. La garantía que así se ofrece es la que determina la posición de la otra parte negociadora en la relación que se desea mantener.
La imagen del Estado no es algo que se pueda construir en poco tiempo, porque por mucho que un gobierno pudiera pretender presentarse como fiable, lo será en tanto el pueblo le tolere, y por eso los mercados tienden a fiarse más de la trayectoria social de la ideología práctica de cada comunidad. Por ejemplo, los gobiernos que mienten -más allá de que utilicen un lenguaje políticamente correcto- pierden pronto la confianza, no sólo porque denotan deslealtad, sino también porque quien miente acusa una falta importante de seguridad en la confianza recibida de sus electores. La mayoría de las veces se omite la verdad sobre todo para no alterar a los propios ciudadanos, ya que frente a los expertos políticos y economistas, conocedores de la realidad tanto como los gobiernos, las mentiras son tan prontamente identificadas que no afectan a sus planteamientos.
La imagen de un Estado es reflejo del estado real de la economía, la fiscalidad, la productividad, las cuentas públicas, el endeudamiento privado, las reservas de divisas, la tasa de empleo, la proporción de clases pasivas, la inflación, el índice de confianza, la evolución del mercado continuo, la estabilidad gubernativa, etc. También existen otros factores que pueden parecer secundarios, pero que para muchos inversores a medio y largo plazo son determinantes, como la renovación generacional, la evolución de la tecnología, la readaptación laboral, la disposición a la movilidad, la implicación profesional, etc. O sea, que no refleja la imagen de un Estado lo que se es según los números, sino la capacidad evolutiva, que es la garantía que va a sostener los resultados a medio plazo.
Un buen índice de la imagen de solvencia de un país está en la cooperación de las fuerzas políticas al progreso del Estado, lo que se refleja en el consenso de las principales leyes que se aprueban tras un debate parlamentario en el que las razones divergentes tienden a converger en lo que no irrita a la oposición. Esa gestión de la política sin extremismos, la que no se apoya en la legislación por decreto, es reflejo de una madurez ciudadana que cree y confía en que sus instituciones no sirven a la preeminencia ideológica sino al correcto sentido de progreso en un mundo que cambia con celeridad. Gobiernan quienes mejor interpretan las exigencias de esa apuesta de modernidad, siempre y cuando no desestimen la intuición ciudadana, que en último término es quien renueva y retira la confianza a cada equipo gubernamental.
Una pésima imagen del Estado la da el que coexista una economía sumergida que sortee el sistema fiscal. La transigencia con esa actitud, que revela la inmadurez ciudadana para la responsabilidad colectiva, genera una moral tan lasa que relaja la confianza en el foro de las naciones y en los mercados de inversión; por el contrario, aproxima a las mafias que generan sus recursos en el comercio turbio. La irresponsabilidad fiscal no puede ser premiada con regulaciones o amnistías fiscales, por más que un gobierno estime la oportunidad de aflorar capitales, ya que esas actitudes evidencian la imagen corrupta de un Estado, que si no señala al Gobierno por acción, lo hace cómplice por omisión.