La indignación social crece como nunca en cuanto más acceso se tiene a la información de cómo las decisiones e intereses de unos pocos afectan a malograr la economía de la mayoría de los ciudadanos. A nivel global y a nivel nacional cada día se conocen nuevos casos de especulación, defraudación o corrupción que solivianta los ánimos de quienes se sienten acuciados por una crisis que les reduce el poder adquisitivo día a día. Algunas naciones sufren pobreza endémica, en otras su población tiene que emigrar, el precio de los alimentos aumenta, los ahorros se desmoronan, la protección social allí donde la había se debilita, y una perspectiva de desaliento cunde cuando todos los vaticinios son negativos, sin que ninguna voz autorizada explique las correcciones necesarias para diseñar una economía que consiga los beneficios que se presagiaban de la globalización.
Los antecedentes de las leyes que han regido la economía en los siglos pasados dejan muchos claroscuros, pues aunque la industrialización parece que obró el milagro de generar bienes indefinidamente, lo cierto es que aún una mayoría de la población vive en condiciones de explotación y pobreza.
La referencia más inhumana de la práctica económica de siglos pasados está en la esclavitud, que favoreció que unos pocos pudieran aumentar exponencialmente sus beneficios con el trabajo de a quienes no se les reconocía otro derecho que el de sobrevivir para poder seguir sirviendo cono su trabajo. Esta mentalidad imperialista y clasista se consolida en la etapa colonial que caracteriza a la Edad Moderna, y desde ella se difunde a la Edad Contemporánea en las bases de una economía capitalista que divide la sociedad entre unos pocos ricos que detentan el capital y los demás trabajadores que han de plegarse a mejorar económicamente al ritmo de los vaivenes de los aciertos y errores de una economía en la que ni cuentan ni intervienen sino como sujetos pasivos. Sólo en el siglo XX, con el desarrollo técnico, parece que en algunas partes del mundo surge una relevante clase media con cierta autonomía económica que va a comenzar a cuestionar el dominio de los poderosos sobre su trabajo.
Aunque en pleno siglo XXI el poder económico efectivo radica en unos pocos, no es menos cierto que con los pocos ahorros de millones de ciudadanos de clase media hay un capital que constituye una parte importante del capital circulante en las finanzas, pero del que cada ciudadano es poco responsable de su empleo. Incluso las grandes compañías mercantiles tienen su capital tan anónimamente repartido que una élite minoritaria dispone de los recursos y beneficios de las empresas. Este es el modo en que puedan unos pocos bien posicionados y grupos especializados en la especulación dirigir una economía que en sus éxitos les retribuyen con grandes beneficios y en sus fracasos repercute directamente sobre la paciente clase baja y media, sin que sus Estados, que debieran protegerles, posean la fuerza y decisión para enfrentarse a los mercados modificando las reglas del marco económico. Se puede alegar que en un comercio global cada Estado puede encontrar muy mermadas sus facultades soberanas, pero deben ser todos los Estados quienes agrupados protejan los intereses de las mayorías y no a los minoritarios beneficiarios de una economía cada vez más contestada por la sociedad.
La protección del patrimonio de la humanidad más importante es la del derecho a llevar una vida digna proporcionada al trabajo. Y para ello las reglas laborales y los principios económicos deben ajustarse a conseguir ese fin. Es responsabilidad muy importante de los organismos internacionales hacer una economía que sirva a los ciudadanos y no que los ciudadanos sirvan a sostener los privilegios de los mercados, porque toda la riqueza que hay en el mundo se logra con el trabajo, y quien lo ejecuta debe ser retribuido con el justo derecho de acceder a lo que le pertenece. Se debiera entender que por dignidad hacia quienes levantan la voz se logre fundamentar una nueva economía que de respuesta a las muchas demandas que la ciudadanía considera cada día como necesidades para asegurar un nuevo tiempo. En un compendio y síntesis de propuestas ciudadanas para el cambio se pueden citar:

• Variar el sistema de retribución del trabajo en las empresas mercantiles, mediante una escala fijada de salarios mínimos por categorías, que garantice la viabilidad de cada sector empresarial, más una variable ligada objetivamente al beneficio empresarial. Siendo la retribución económica a los trabajadores una parte importante de los costes de explotación, debe garantizar tanto el interés empresarial como el los trabajadores, y por ello debe reflejar el derecho sobre la generación de los beneficios.
• La estabilidad en el trabajo debe protegerse en periodos de crisis flexibilizando proporcionalmente la jornada y las retribuciones para repercutir entre todos los trabajadores la merma comercial. Debe respetarse como opción común el derecho al trabajo.
• La productividad es responsabilidad común de todos los trabajadores, y el arbitrio de ella con las circunstancias personales no puede mermar el beneficio colectivo de la empresa.
• El derecho sindical debe ejercerse son responsabilidad del bien común, y su control y funcionamiento económico debe repercutirse sobre los trabajadores según sus preferencias de filiación.
• Debe existir un control exhaustivo sobre la contabilidad y fiscalidad empresarial. Las sociedades mercantiles no deben entenderse sólo como negocio, sino también como un bien social. Una parte de sus beneficios debe destinarse para retribuir de forma justa a sus trabajadores y servir a la recapitalización de la compañía.
• La protección social de los trabajadores debe integrar la aseguración del riesgo laboral, enfermedad, paternidad, horfandad, incapacidad y jubilación. La cobertura de los riesgos ligados a la empresa, como accidentes laborales, despido y paro, deben ser sufragados por la empresa. Los de protección social personal y familiar, por el trabajador. El Estado tendrá responsabilidad de supervisión de su efectiva valoración.
• El Estado como garante de la justicia distributiva deberá erradicar la posibilidad de fraude fiscal. No deberá admitir la aplicación de la beneficencia fiscal.
• Son responsabilidades del Estado la contención de la especulación, el control de la inflación y la regulación del movimiento de capitales.
• Es prioritario de un Estado democrático y social velar por la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos respecto a la sanidad, la educación, la promoción laboral en el ámbito de las Administración Pública y a la justicia. El equilibrio fiscal debe ser un objetivo que no merme la cohesión de la sociedad.
• Para el correcto logro de sus fines, el Estado debe contratar funcionarios cuya retribución debe ser revisada de acuerdo a la riqueza del país. Es el PIB quien debe justificar esas variaciones y no el déficit público, porque éste se puede regular mediante la política fiscal.
• La ejemplaridad de la clase política debe poderse contrastar dando la correcta y pronta información demandada por los ciudadanos. La pérdida de confianza contrastada en un cargo político debería corresponderse con la renuncia del mismo.
• El comercio internacional y la localización de las multinacionales debe garantizar la aplicación global de la doctrina de protección social. Los Estados pueden restringir el comercio en su territorio de las sociedades que eluden deberes sociales refugiándose en paraísos fiscales.
• El ahorro familiar es uno de los fundamentos del equilibrio financiero de un país. El Estado debe velar de la estabilidad del sistema financiero.

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