DEBILITACIÓN DEL ESTADO
En la gran confusión de ideas que acompañan al nuevo siglo XXI para la superación de las incertidumbres sociales que azotaron al siglo anterior, hay quienes abogan por reducir la identidad del Estado, en cuanto Estado, para potenciar la acción social autónoma de los ciudadanos. Esa reducción de Estado se justifica desde paradigmas económicos, aduciendo que reduciendo el gasto de la Administración Pública se bajan los impuestos y queda más capital para la libre disposición directa del gasto de los ciudadanos. Pero cabe preguntarse ¿quién ejercerá las competencias que realiza el Estado?
La desaparición práctica del Estado en algunos territorios, como lo fue en Afganistán, Somalia, Malí, Yemen... no sólo se convierte en un desastre humanitario para la población del territorio, sino también para la seguridad internacional. Se puede aducir que algunos Estados consolidan peligro para otros, pero el que la forma de Estado no sea perfecta no debe incitar a reducirla sino a fortalecerla en las correspondientes estructuras de justicia y libertad.
Históricamente el vacío de Estado lo suplen los grupos de presión, las mafias corruptas y los pseudo gobiernos caciques, que presentan una aparente estructura administrativa para dirigir a los ciudadanos a quienes se les somete al interés particular de una minoría que domina todos los resortes del poder. No se debería olvidar cómo en este siglo XXI grupos con idearios religiosos pretenden imponer su ley, desde las mayorías o las minorías, allá donde el desprestigio de un Estado por sus corruptelas pierde la confianza de los ciudadanos.
Siempre detrás de la crítica a la legitimidad de la entidad de un Estado existe intereses ideológicos que pretenden imponerse en la sociedad como garantes de un bienestar que realmente sólo beneficia a la parte que lo defiende. Porque el acceso a cotas de dominio sobre los ciudadanos sólo se logra desplazando al Estado de su responsabilidad para que los ciudadanos no luchen por imponerse unos a otros.
El Estado tiene como tarea fundamental garantizar los derechos de todos los ciudadanos, relegando cualquier clase de discriminación y favoreciendo la igualdad de oportunidades. Ello lo logra más o menos perfecta o imperfectamente, pero en cuanto más recursos dispone y más próximo está políticamente de sus ciudadanos es muy probable que esté más capacitado para ejercer la responsabilidad que le incumbe en cuanto institución.
Un Estado fuerte lo es cuando recibe y da de y a sus ciudadanos garantías de solvencia institucional por la cooperación solidaria a lograr de modo eficaz el bien común. De alguna manera un Estado es el reflejo de la cultura y el modo de ser de sus ciudadanos, por lo que su eficacia o ineficacia es la imagen pública de cómo se comportan igualmente en la vida privada. Por lo que vaciarle de competencias no garantiza la eficiencia social, sino, quizá, la segregación de la cohesión social, de la que siempre hay quien aprovecha los resquicios de esa debilidad para medrar con su creciente impunidad.