En varios de los Estado del norte de África en la pasada primavera se han producido movimientos revolucionarios que han centrado la atención del mundo por la efectiva movilización de la población. Los ciudadanos han denunciado a sus respectivos regímenes autoritarios reclamado participación y democracia, pero las revueltas envuelven mucha más trascendencia política porque las causas de esas movilizaciones parecen responder a raíces variadas, aunque el detonante haya podido aglutinarse sobre el descontento con la autoridad.
En cuanto que la primavera revolucionaria no ha supuesto una irrupción desestabilizadora para la zona, ha sido bastante bien acogida por la diplomacia internacional, pero conforme pasan los meses tras esos acontecimientos se incrementa la inquietud sobre la apertura o radicalidad del posicionamiento de las nuevas autoridades.
Desde el interior y exterior se advierten las grandes dificultades políticas de la región, en la que actualmente se pueden detectar cuatro conflictos sociales que simultáneamente y de forma trasversal deben ser abordados por los mandatarios para encauzarlos de forma satisfactoria para la población, lo que supone una tarea y un reto de primera magnitud. Esos conflictos son:

1. Gobiernos autoritarios / democracia.
2. Clericalismo / laicidad.
3. Riqueza / pobreza.
4. Imperialismo / autonomía nacional.

Aunque los tiempos modernos se caracterizan por la dinámica de evolución de la sociedad, el hecho de instaurar una cultura democrática de respeto a la opinión política diversa  -que en otras latitudes tardó cientos de años en consolidarse- se adivina difícil de inculcar sobre una población que ha crecido ideológicamente marcada por el autoritarismo que imponía la forma política de pensar. Considerar que unas simples votaciones hacen a un pueblo democrático es una ilusión que identifica más los anhelos que la realidad. El desacierto en definir o decidir desde la mayoría la adecuación de las libertades que reconozcan la vida política de las minorías puede derivar hacia el retorno de un autoritarismo que se identifique con el reflejo de aquél contra el que se luchó. Es probable que no sean válidos los modelos de otras culturas, pero los sistemas autóctonos deben ser justificadamente equifuncionales en cuanto a garantías ciudadanas, protección social e igualdad de oportunidades para autovalidarse como democracia.
El Estado moderno exige respeto a la religión y gestión laica de la política social; diferenciar la ley moral, que corresponde juzgar a Dios, de la ley social, con la que se organizan los Estados para satisfacer los derechos individuales y organizar la convivencia, es el fundamento para superar los conflictos de religión. La pretensión clerical de imponer su influjo en la sociedad no debe trasladarse al poder civil, sino debe difundirse desde el comportamiento ejemplar de la conducta que despierte el afecto religioso en otras personas. Actuar con coherencia en la vida civil es incompatible con la intolerancia de imponer la práctica de la propia religión, de atacar el ejercicio de otras religiones, o marginar a quien elige vivir al margen de una confesión o simplemente su conciencia le inclina al agnosticismo. La consistencia de la religión como grupo de presión en la sociedad tiene tanta relevancia histórica que se hace difícil de controlar, pero la libertad individual que consagra la democracia ha de objetivarse en que nadie pueda ser discriminado por causa religiosa.
La justicia distributiva es una de las tareas principales de un Estado en reconocimiento a su deber de protección de sus ciudadanos. La desigualdad de riqueza en un país es el principal indicador de la injusticia, tanto más cuanto esa desigualdad crezca a pesar de los recursos naturales que deberían garantizar su adecuada promoción social. Esa desigualdad es fuente de permanente inquietud social y cultivo revolucionario que debe combatirse con la acción por la universalidad de la enseñanza, el control del comercio, la planificación económica y una rigurosa fiscalidad. La causa más común de la excesiva riqueza proviene de privilegios consolidados, concesiones dadivosas, subvenciones discriminadas y el fraude fiscal.
La reivindicación de la libertad para la propia nación es parte del reclamo de la dignidad individual. La libertad para las todas las naciones supone eliminar en el orden internacional todas las protecciones a los imperialismos que explotaron la colonización de otros pueblos. Con matices diferentes, en el siglo XXI se mantiene una misma teoría colonial de que el criterio de las naciones más ricas y poderosas puede imponerse al legítimo reclamo de igualdad proporcional de derechos y decisión en los organismos internacionales. Esa democratización universal que los Estados poderosos impiden es también una de las motivaciones que inducen a manifestar al mundo la disconformidad de que el poder armamentístico imponga su ley, incluso imponiendo fronteras como reminiscencia del poder colonial.
Todos estos conflictos sociales pueden leerse entre líneas en las reclamaciones de la  primavera norteafricana, en cada parte más acentuado uno u otro, pero constituyen una voz que recoge el sentir de inconformidad de un significado sector de la población mundial.
La primavera revolucionaria de los países del norte de África se enfrenta al riesgo de ser neutralizada como lo fueron otras tantos movimientos sociales que tuvieron su propia primavera de contestación, o a ser radicalizada hacia otra marca de poder tan autoritario como lo eran los regímenes contra los que se movilizaron. Puede parecer que el devenir sea responsabilidad del hacer de los autores de la primavera, pero muy posiblemente también esté en el posicionamiento de las potencias para interpretar esos movimientos de acuerdo a la realidad de progreso y no sólo en función de que sean convalidables a sus propios intereses.
 

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