FRAUDE ELECTORAL
Con relativa frecuencia se oye hablar de fraude electoral en unas elecciones en las que se han conocido artimañas para añadir votos de un partido, o anular votos del partido contrario. Esas actitudes que parecen propias de democracias inmaduras se reiteran igualmente en otras consolidadas, aunque en estas sea más común que la denuncia se levante por la compra de votos y otras formas afines de violentar la libre decisión de la ciudadanía. De una manera u otra, el fraude electoral es consustancial a un porcentaje de políticos que tienen como fin conseguir el poder desfigurando la opinión mayoritaria de los ciudadanos.
Aunque el fraude electoral se asimila a los actos temporales de la elección, también puede considerarse como tal cuando los políticos transgreden el programa electoral de gobierno con el que fueron elegidos y que representa su compromiso de acción política. El fundamento de reconocer como fraude electoral el dolo en la acción de gobierno está en que se vulnera de manera cierta la representatividad al dictar mandatos contrarios a los ofrecidos en el programa electoral avalado por los electores.
Quienes defraudan a sus electores y en general a los ciudadanos mediante la mentira en su oferta electoral, suelen defenderse aduciendo que son ellos o su partidos, y no los programas, quienes figuran el la papeleta electoral. De esta manera pretenden legitimar la acción política, sea cual sea, durante el periodo legal de mandato. Esta actitud sería reconocible en los políticos populistas, que piden para ellos la confianza ciega de los ciudadanos, sin ofrecer un compromiso serio de acción de gobierno.
La verdadera democracia, o gobierno del pueblo, se sustenta en la representación que aglutina la acción de gobierno que ejercerían los ciudadanos directamente si fuera factible un gobierno universal. Esa representación se basa en que los elegidos para el gobierno ejecutivo, asambleas legislativas y ayuntamientos van a guardar fidelidad en el ejercicio político a la oferta programática con la que han sido elegidos. Lo contrario les ilegitima, ya que pasa de representar la voluntad política ciudadana al desenmascaramiento de sus intenciones, ignorando la razón de pacto del proceso electoral.
La vulneración del espíritu democrático mediante la trampa que contamina el proceso electoral, que de hecho perturba el que los ciudadanos se sientan sujetos reales de la política que se aplica, es la mejor arma arrojadiza contra la confianza en el propio Estado, porque si con su propio voto se les traiciona ¿qué les podrá restituir su dignidad ciudadana?
Se hace necesario que para defender la identidad de la elección popular, se arbitren sistemas legales a fin de que los gobernantes y legisladores no puedan promover leyes que sean contrarias al contenido del programa electoral con el que fueron elegidos, pues en esas disposiciones que desengañan la confianza se contradice la voluntad popular que se dilucida con las elecciones. Recuperar la confianza frente al escepticismo democrático exige introducir variables en el sistema que neutralicen la ejecución de las disposiciones contrarias a la mayoría que les ha cedido temporalmente la representación de su soberanía. Si se gobierna contra la mayoría del pueblo se niega la esencia misma de la democracia para caer en la tiranía de los sistemas autoritarios. Antes de eso, los políticos han de tener la racionalidad suficiente para convocar nuevas elecciones, desde las cuales, reconocidas las posibles situaciones cambiantes, con un programa claro se busque el apoyo popular a una nueva propuesta electoral.