TASAS JUDICIALES
La repercusión del coste de la administración de justicia sobre el erario público hace considerar a muchos políticos formas de financiación para que la aplicación de la justicia no pueda verse afectada negativamente por falta de recursos. Esto induce a que se establezcan tasas para que la justicia se financie, al menos en parte, por quienes la usan, y consuma así una menor dotación de recursos presupuestarios del Estado, favoreciendo destinar el dinero de los impuestos a otras necesidades.
¿Se puede considerar la justicia un servicio necesario y prioritario? Sí, pero esas necesidades guardan relación de proporción con la realidad delictiva y con la tendencia a pleitear en los juzgados las disputas civiles. Es evidente que la justicia es necesaria para resarcir al inocente atacado en sus derechos, y ello sólo se da si la aplicación de la justicia se hace en tiempo oportuno, pues la aplicación demorada de la misma es una injusticia. Esa ecuación hace que los medios a emplear deban ser eficientes y proporcionados en número a la demanda real que de ella hace la sociedad.
Para evitar esa tendencia a denunciar y demandar hay políticos que consideran imprescindible la aplicación de tasas que, además de recaudar un parte del coste de los gastos judiciales, aunque sea mínima, sirva de contención al pleitear sin suficiente necesidad.
El problema que plantean las tasas previas por iniciar o recurrir procedimientos es que afectan por igual a inocentes y culpables, cuando el coste íntegro de la aplicación de la jsuticia debería ser sufragado por el condenado. En la proporción que se elevan las tasas se perjudica al inocente y se beneficia al culpable, en cuanto que la repercusión de los costes de las tasas sobre el demandante pudiera desmotivarle a exigir justicia. De este modo el Estado estaría favoreciendo el fin contrario del que le corresponde por naturaleza.
Conseguir que la justicia se autofinancie a costa de los culpables debería ser una exigencia política de los ciudadanos a las administraciones públicas, y también que para los inocentes se reclame el derecho a la gratuidad para poder defenderse, mediante la acción de la justicia, de la vulneración de sus derechos. Hoy en día, en muchos casos la realidad se encuentra invertida, y los culpables son los que manejan los recursos para obstaculizar a la justicia, haciéndola costosa y enmarañada para el inocente, que muchas veces queda indefenso e incapaz de afrontar los gastos de un procedimiento.