ORDEN SOCIAL
Muchos Estados padecen un marcado desorden social, lo que se refleja no sólo en la violencia y delincuencia, sino en el general descontento, la intranquilidad y la desmotivación social. Estas deficiencias de lo que se debería esperar del Estado se generan tanto más cuento un país carece de coherencia política y cohesión social, lo que debería ser el primer objetivo de la planificación nacional, independientemente de que se goce o no de mucha riqueza natural.
La estratificación de las clases sociales puede tener un origen histórico en antiguas jerarquías sociales o en el colonialismo, pero cualquiera que sea su génesis se refleja en una realidad que supone una desigual distribución de la riqueza, una diferenciada posibilidad de promoción laboral y una cierta marginación social y política. Una nación que presenta estas características tiende por su propia inercia a ser conflictiva, no tanto por la precariedad económica como porque los individuos de la clase más baja se prestan con facilidad a ser elementos activos de grupos al margen de la ley o mafias delictivas para de obtener medios económicos, en unos casos para sobrevivir y en otros para superar el margen que les distancia de la clase superior.
La degradación no suele generarse en la estructura de los más bajos niveles si no es por la explotación a que se les somete y la falta de perspectiva de salir de la marginación. El recurso a la violencia se produce como la respuesta al derecho de hacer valer la propia dignidad, aunque esa actitud encierre la enorme paradoja que olvida la honradez por puro honor personal; ello hace que se justifique moralmente la violencia contra las clases dominantes que regulan el orden social que sostiene el sistema de castas y clases.
Deshacer esas estratificaciones sociales es el mejor recurso para regenerar el orden social, y con ello lograr la paz de la comunidad. El itinerario lo marca la justicia distributiva que debe remunerar a cada cual el trabajo proporcionalmente al esfuerzo invertido en la capacidad productiva. Distribuir la riqueza no es sólo velar para que los salarios sean justos, sino también garantizar una estable igualdad de oportunidades para acceder al espacio laboral. De que la población perciba cauces reales de integración en un estrato medio de la sociedad depende en mucho que su apuesta por el sistema sea de integración.
La justicia distributiva exige invertir y distribuir recursos que no pueden proceder sino de la fiscalidad compensatoria sobre la riqueza generada por el país. Ello genera que las clases económicas más elevadas tengan que soportar una limitación a su enriquecimiento, lo que conlleva una paulatina aproximación de los estamentos sociales, que podría hacer figurar que merma la capacidad de inversión, cuando, al contrario, la multiplica, ya que aunque grandes fortunas menguen quedan adecuadamente compensadas por el crecimiento económico de las clases medias.
Algunos Estados admiten la entrada de grandes capitales y multinacionales para invertir en la modernización del país, pero si ello se hace mediante la concesión de beneficios fiscales y políticas laborales injustas puede agravar la consolidación de la ruptura social, y que se siga una mayor conflictividad de lo que debería haber sido un acicate de cooperación.
Durante muchos años se transigió con el dominio de la apropiación del poder por un estamento que lo conservaba de generación en generación. Desde la consolidación de la democracia, que consagra el poder para todo el pueblo, no se justifica como coherente que quien posee la potestad del voto lo ejerza para respaldar la estratificación de las clases sociales, la concentración de la riqueza en unos pocos y la marginación social. Es posible que la mayoría de las clases más desfavorecidas no cuente con experiencia de gestión de poder, y que la minoría de los más pudientes lo detente; el que estos no lo gestionen con justicia configura que sea percibido como una permanente corrupción del sistema, debido a que no atiende al interés de la mayoría y los beneficios repercuten sobre los que más tienen. Esa corrupción de Estado, aunque no legitima, induce la permisividad social de cualquier otra violencia.