COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD
El avance de las tecnologías de comunicación, que inciden en la vida de los ciudadanos haciéndoles más universales, les atañe riesgos de seguridad, pues si años atrás cada persona podía estar acechada por su entorno, hoy con internet, y las redes sociales puede ser extorsionada desde cualquier parte del mundo. El Estado, que debe dar protección a sus ciudadanos, tiene la obligación de incrementar su responsabilidad de control y regulación para hacer de esos canales de comunicación vehículos incompatibles con el ejercicio de atentados a los derechos de identidad y de propiedad.
Podría pensarse que la adhesión a las nuevas tecnologías de comunicación son responsabilidad individual, pero la estructura administrativa, financiera, comercial, cultural... hacen cada vez más imprescindible la incorporación a la vida telemática para gestionar la vida diaria en sociedad. En esa situación cada ciudadano puede cuestionarse de continuo la seguridad con que el acceso a los sitios webs, redes sociales, páginas institucionales, correo electrónico... es tan eficiente como para que no se vea perjudicado en sus legítimos intereses y derechos. La seguridad que difunden las operadoras interesadas en ese comercio, que las administraciones pública avalan, no dejan de presentar un gran contraste con las noticias que despachan las agencias sobre las audacias de los hackers que penetran los supuestos más sofisticados sistemas de seguridad electrónica de estamentos de relevancia mundial. Si eso es así ¿qué garantía tiene el ciudadano normal de no ser abordado en su computadora para desde él robarle información, suplantar su personalidad e incluso delinquir?
La sigilosa inmaterialidad con que parece que se mueven los hackers es tanto más peligrosa cuanto que pasando inadvertidos se vuelven invulnerables a ser neutralizados salvo por agentes tan expertos como ellos que puedan detectar el rastreo de su presencia. La mayoría paciente de los ciudadanos se encuentra prácticamente inermes para defenderse de los ataques a sus computadoras sin la ayuda de los recursos que los organismos públicos promuevan para velar por su seguridad. De igual modo que las policías vigilan la seguridad en las calles, aeropuertos, fronteras, carreteras, eventos... deben también vigilar e impedir la delincuencia a través de las redes de comunicación, ya que si éstas hace décadas sólo trasmitían información a los ciudadanos, hoy en día transportan datos de gestión que afectan a sus muy variados intereses.
Si posiblemente los grandes beneficiarios de los progresos en electrónica son las compañías mercantiles del ámbito del comercio, la ley debería exigir su responsabilidad en la seguridad máxima de los servicios de que se valen para rentabilizar el comercio ciudadano. Es muy posible que cada entidad comercial no sea capaz de garantizar la seguridad en la red, pero la acción concertada de todas ellas y la función normativa que les corresponde a los reguladores deberían asumir adecuar la legislación para liberar a los ciudadanos de los daños y responsabilidades causados por la inseguridad de la red.
En la medida que las redes de comunicación son universales, esa garantía de seguridad debería interesar a los organismos internacionales para concertar legislaciones que favorezcan garantizar la paz y la seguridad ciudadana en el uso racional de las nuevas tecnologías que se les conmina a utilizar.