ESTADO, AUTONOMÍA Y CENTRALISMO
Muchos Estados arrastran un problema político de autodefinición que, sin poner en cuestión el sistema, proviene de la falta de consenso respecto a la estructura política con que han de dotarse para el gobierno. La causa principal es la concepción de la proximidad gubernativa para las posibles comunidades étnicas o territoriales que puedan convivir en el ámbito del Estado.
Esta divergencia de criterio político dentro de un Estado suele fundamentarse en causas de tradición, por la que comunidades que se regían desde antiguo según sus costumbres ven alejarse los centros de decisión política, de modo que se percibe una vulneración por la pérdida de capacidad de autogestión de lo que se considera parte integrante de la identidad histórica. La causa para ese cambio puede provenir desde el antiguo régimen por las conquistas o matrimonios que los reyes hacían incorporando territorios a sus coronas, cuyo corte pretendía asimilar a la estructura del reino. Otra gran parte de desajuste en un Estado entre territorio y etnia se generó por una deficiente configuración de la independencia colonial realizada en virtud de los dominios de las potencias colonizadoras y no de la configuración natural del pueblo autóctono. En algunos casos la tensión de coherencia política proviene de divisiones fuertemente arraigadas de origen religioso, económico o ideológico que configuran verdaderos países dentro de un mismo Estado. Todas estas dificultades no sopesadas con acierto por la comunidad internacional hace que bastantes Estados de reciente creación tengan permanente conflicto en su estructura política de gobierno.
Lo más común es encontrar un Estado centralizador y unas Estados federados, Departamentos o Autonomías administrativas que se enfrentan en el plano político como alternativas contrapuestas de la eficacia en la gestión. La lucha por las competencias, por lo que supone de poder, reivindican, respectivamente, la igualdad y la eficacia para la nación del Estado, y la garantía de las genuinas tradición territoriales los Departamentos o Autonomías.
En muchos casos la realidad de ese conflicto no lo es tanto en sí como instituciones sino en la competencia entre la periferia y el centralismo, pues la Administración del Estado se gestiona desde una capitalidad administrativa que impone su criterio de uniformidad sobre el parecer o las costumbres del resto de comunidades, anulando una personalidad más real que jurídica a la que no quiere renunciar el pueblo respectivo. Ese conflicto de competencias entre el autogobierno reclamado por las comunidades con un legado político histórico radica en que el centralismo no puede asumir legislar a la carta de la diversidad de regiones, por lo que paulatinamente se tiende a restringir el derecho particular de aquellas comunidades que lo poseen mediante el simple hecho de la sobrelegislación. Para salvar ese escollo la demanda de Autonomía política pretende aproximar gestión pública y sentimientos como forma de realismo social, que entraña siempre una afirmación nacional que se reivindica no quede obviada en la configuración jurídica del Estado.
Gobernar salvaguardando la unidad y la diversidad exige interpretar las mentes de los ciudadanos allá donde están, lo que puede precisar una estructura federal o autonómica tan flexible como los individuos de cada parte del territorio lo demanden y el resto lo consensue, sabiendo que la estabilidad de la configuración política lo es tanto en cuanto se identifique con los más de los ciudadanos.