PAPELES PARA EL PROGRESO
DIRECTOR: JORGE BOTELLA
NÚMERO 69                                                                                        JULIO - AGOSTO  2013
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ESCRACHES
 
Los valores de la democracia son con frecuencia atacados por quienes en virtud de ese sistema gobiernan. Ello es en razón de que en un país democrático todos los ciudadanos participan de sus derechos, pero no todos ellos comparten en conciencia los valores democráticos. Cuando entre los que gobiernan se percibe actitudes antidemocráticas, corresponde a los ciudadanos denunciarlas y recordarles directa y claramente a esos gobernantes que la auténtica democracia radica en gobernar de acuerdo a la voluntad del pueblo.
Es muy probable que el gran valedor de la democracia haya sido la profesión del periodismo, más que la de político, porque a través de las ediciones de periódicos y revistas en los últimos siglos se ha evidenciado tanto la voluntad popular como las disparidades de criterio entre el pueblo y sus gobernantes. El periodismo, a través de la prensa y posteriormente en la radio y televisión, ha contribuido durante décadas a hacer pública la opinión popular; aunque ésta se publicara a favor de los intereses del editor.
Que los medios ocupen ese rol importante en el sistema democrático no garantiza que sean atendidos por los políticos, más allá de su propios intereses, en lo que respecta a ser receptores de la voluntad del pueblo; porque muy posiblemente una gran mayoría de los políticos considera que el pueblo debe ser gobernado y enseñado por la clase política, y no ésta quien debe recibir instrucciones sobre la voluntad popular. Ese criterio representa una interpretación de la democracia desde la aristocracia, y genera cada vez un mayor distanciamiento entre el poder delegado y la soberanía que radica en cada uno de los ciudadanos.
Hacer llegar la voz de los ciudadanos a sus representantes que ejercen responsabilidades públicas toma formas diversas según las circunstancias, como son las manifestaciones públicas u otras formas por las que los ciudadanos hacen llegar su posición de voluntad política para que sus representantes las tomen en consideración a la hora de votar en el parlamento. Una de esas formas es la comunicación directa de los representados a sus representantes, aunque éstos se resistan a atenderles como debería ser su obligación.
Precisamente para que pueda existir sintonía entre representantes y representados se crean circunscripciones electorales, por las que cada ciudadano conoce a quien designó como su representante y a quien dirigirse exigiéndole trasparencia y honradez en el ejercicio de esa representación. Por existir representatividad es por lo que alcanza plena vigencia jurídica la acción directa de inducir el sentido del voto parlamentario, de modo que secunde la voluntad popular.
Una forma utilizada en el nuevo siglo para esa acción directa es manifestarse ante el domicilio del representante para comunicarle de viva voz la posición política de la ciudadanía. Esa acciones directas, que algunos denominan escraches,  las avalan la legitimidad de que los demandantes poseen relación de representatividad con los políticos a quienes se dirigen, lo que es fácilmente identificable con la documentación que acredite la condición censal. Si es posible deben facilitar documentos inequívocos en los que se recoja la solicitud de la acción popular que se reclama al político, su justificación y el número de personas de la circunscripción que la avalan. Porque sólo la certidumbre de la posición popular deben ser la que democráticamente dirija la decisión del representante.
La crítica contra esas comunicaciones directas de ciudadanos a sus representantes políticos proceden, las más de las veces, de democracias endémicas, en las que se produce que esas comunicaciones a los parlamentarios no guardan las debidas formas de respeto, o que los partidos políticos que canalizan la representación puedan considerar acoso el que los representados soliciten directamente a sus representantes el ser oídos y atendidos en su reivindicación.
 

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