LIBERALISMO FISCAL
Índices fundamentales de la economía de una nación son la renta per cápita, el producto interior y el equilibrio presupuestario de la Administración del Estado. Cada uno a su manera refleja la riqueza natural, la productividad y la eficacia de la gestión pública. Para un verdadero diagnóstico social es importante que la lectura de los datos anteriores se haga conjuntamente con los que expresan la cohesión social, como pueden ser la distribución de la renta, el empleo o la proporcionalidad de las cargas fiscales.
Independientemente del diagnóstico de la economía nacional, existen tendencias en la población a identificarse moralmente con el sistema económico o a distanciarse de él, sean cual sean los resultados de una determinada economía, según los principios de cuánta de la soberanía económica personal se cede el Estado para gestionar colectivamente lo que pueda ser considerado como tarea común. Las tendencias más liberales se inclinan a considerar, sea cual sea la situación económica, que los resultados de renta, productividad y equilibrio presupuestario representan la objetividad del funcionamiento de la economía nacional. En cambio, las tendencias socialdemócratas además justifican como esencial la cohesión social, pues la estratificación de las clases sociales representa una desestructuración de la nación, por más que se logre el equilibrio presupuestario.
La socialdemocracia a instado a las naciones a consolidar una política que equipare las clases sociales, teniendo la economía como fin lograr ensanchar la banda de las clases medias, mermando progresivamente las diferencias entre ricos y pobres, instrumentando al Estado de una política fiscal que repercuta sobre los más de los ciudadanos medios de promoción personal que favorezcan la oportunidad de alcanzar un estamento laboral que garantice su estatus social.
Podría parecer que la moral social fuera exclusiva de las ideologías que propugnan la fiscalización del Estado para lograr una progresiva equiparación de las clases en la sociedad, y que la teoría liberal se olvidara del sentir de los ciudadanos hacia los demás, cuando en verdad la sensibilidad ética radica más en los fundamentos de cada individuo que en la exigencia de las autoridades a obrar así.
El liberalismo fiscal no reniega de la conciencia social, sino que defiende que sea cada ciudadano quien ordene su moral fiscal repercutiendo de sus rentas y patrimonio lo que estime en modo y manera para ejercer su acción solidaria. Esta disciplina ética se sustenta en la duda razonable de que la acción directa logra un impacto de eficacia mayor que la gestión centralizada del poder público, cuya eficacia en parte depende del interés con que los funcionarios se identifican con el fin.
La debilidad del liberalismo fiscal se aprecia en la carencia de implicación colectiva, porque el dejar los objetivos a la voluntad de cada ciudadano, de modo que su visualización sea menos patente, no posee la justificación pública de realizar una eficaz justicia distributiva, lo que los Estados por medio de la fiscalización impositiva realizan para universalizar la solidaridad, en especial la de la protección social a la igualdad de oportunidades para el ejercicio de los derechos fundamentales.
El liberalismo fiscal, al reclamar para el ciudadano la conciencia moral del ejercicio de la solidaridad, soporta en gran parte la iniciativa independiente -la genéricamente reconocida como ong- que auxilia y coopera con muchas necesidades marginadas por las instituciones públicas y que, sin embargo, impactan sobre la sensibilidad particular de los ciudadanos, que prefieren responsabilizarse directamente desconfiando del quehacer oficial.