PREVARICACIÓN DEMOCRÁTICA
La prevaricación como delito está tipificado en los códigos como el acto de dictar a sabiendas resoluciones injustas. Es un delito propio de la autoridad, proporcional a la responsabilidad del cargo que ocupa. Aunque la mayoría de los códigos no reseñan la prevaricación democrática como delito político, sí parece conveniente aproximarse a la crítica socio-legal de esa actuación antidemocrática.
La prevaricación democrática consiste en tomar resoluciones políticas a sabiendas que son contrarias a la opinión de la mayoría del pueblo.El fundamento de toda democracia radica en el gobierno del pueblo, quien por medio de sus representantes ejecuta el mandamiento de acuerdo a un programa sometido al juicio de los electores. El Presidente de la República y su Gobierno, elegidos para gobernar en representación del pueblo no pueden gobernar en contra de la opinión del pueblo.La responsabilidad de los representantes de una democracia consiste en gobernar “in menti pópulo”, o sea, legislar, juzgas y mandar de acuerdo a la opinión mayoritaria de los ciudadanos.Cuando los gobernantes legítimos imponen sus criterios -por más que los crean justos- en contra de la opinión popular, estarán obrando legítimamente en conciencia, pero, desde la perspectiva democrática, están realizando un acto ilegítimo e inmoral. La base de gobierno es el programa y en él se encuentra la referencia de los actos de gobierno sustentados por una mayoría.La responsabilidad en una república democrática pasa porque su Presidente permanentemente someta su juicio al criterio de sus ciudadanos. El criterio y voluntad del Presidente y su Gobierno en los asuntos de suma trascendencia exige que tengan el respaldo, al menos implícito, de sus ciudadanos.Quienes creen que la elección de un Presidente supone depositar el poder en sus manos, pierden como referencia el fundamento mismo de la democracia y piensan en posiciones más próximas a una coyuntura dictatorial refrendada.El respeto a la legitimidad democrática está por encima de la legalidad democrática cuando ambos conceptos llegan a entrar en colisión. Legalidad democrática puede consistir en contar con el respaldo de los representantes elegidos, pero aun cuando la mayoría de ellos decidieran en contra de la opinión mayoritaria del pueblo caerían en un proceso de prevaricación e ilegitimidad democrática.Los tiempos ínter electorales no son espacios en blanco para la opinión popular, el Gobierno moralmente está obligado a conocer y a plegarse a los criterios del pueblo y en ningún caso a obrar contra él. La responsabilidad moral de un Presidente está en convencer a sus ciudadanos de que las acciones a tomar por su Gobierno son las más favorables a los intereses del Estado, pero en ningún caso está avalado para obrar en nombre del Estado contra la opinión mayoritaria del pueblo, aunque sólo la misma sea conocida por sondeos de opinión y no por refrendo oficial.Gobernar en nombre de la patria contra la patria es propio de estados dictatoriales y tiránicos, e impropio de las Repúblicas del nuevo mundo.El asentamiento y la profundización del pensamiento democrático se enriquece con la asunción del concepto jurídico de prevaricación democrática, que bien aplicado distanciaría de la cabecera de las repúblicas a quienes al fin de su mandato sólo dejan la huella autoritaria, cuando no el enfrentamiento y la ruina social.La mayor responsabilidad de un mandatario democrático está en poner su criterio al servicio del pueblo y gobernar en todo momento en la mente del pueblo ya que, aun cuando éste pueda equivocarse, es el único democráticamente legitimado para hacerlo.