SALVAR LA DEMOCRACIA
Los ciclos de crisis económica, en los que la estabilidad no queda garantizada por el sistema, mueven a muchos ciudadanos a reconsiderar si la democracia -que aceptan como la mejor de las formas políticas conocidas- es realmente el marco social que les garantiza asistencia y protección de acuerdo a sus expectativas. En cualquier otro sistema se puede responsabilizar al poder, pero cuando el poder se confiere al pueblo no cabe sino cuestionarse la homologación de la estructura del sistema respecto a la firme idea de realización.
Para muchos la esencia de la democracia está en la universalidad del voto para hacer efectivas las políticas de las mayorías, pero también exigen de la democracia el respeto a las minorías, la concertación de las leyes, el respeto de las libertades, la independencia de la justicia, la preservación de la intimidad, la igualdad de oportunidades, la nula discriminación. El conflicto aparece cuando las políticas que los votos avalan no cumplen esas otras condiciones que se requieren para la autenticación de un Estado democrático.
En tiempos de crisis se justifica las restricciones en economía y seguridad en función de las causas de la inestabilidad, pero cuando se obra así se está sembrando duda sobre la vigencia de los valores del sistema. Es muy posible que se pueda defender que la democracia no sea la forma idónea compatible con la garantía de un mayor desarrollo económico, porque la distribución del poder entre todo el pueblo contradice la aplicación de las mejores aplicaciones teóricas. Es bastante notorio que la frecuencia de elecciones prima el interés a corto plazo, frente a la ordenada planificación a decenios. Quizá por eso muchos sistemas democráticos en la práctica se decantan por apartar la gestión financiera y comercial el control ciudadano, considerándolo como un poder autónomo que se autorregula según su propia jerarquía de poder.
Con todo, la mayor decepción de los ciudadanos con el sistema democrático proviene de la corrupción del poder, porque les deja inermes cuando constatan que sus representantes utilizan el poder conferido para enraizar el propio interés personal. Dado que en todos los países la filiación ideológica con los partidos políticos es minoritaria, una gran mayoría de ciudadanos se sienten engañados y traicionados cuando se les descubre cómo los partidos alimentan la fidelidad de sus miembros recompensándoles con los favores que permite otorgar a quien dispone del poder del Estado. Este distanciamiento entre poder y pueblo se constata en dos signos evidentes de baja reputación democrática: La abstención electoral y el desprecio político del poder a la opinión constatada sobre la valoración de la gestión de gobierno.
Lograr una regeneración democrática se fundamenta esencialmente en potenciar la responsabilidad social de los ciudadanos para asumir plantarse frente a la corrupción, exigiendo la acción de la justicia sin paliativos, porque no se dilucida en esos procedimientos sólo la aplicación de penas a los culpables, sino la confianza en el sistema. Pero además de una justicia independiente, la percepción de la fiabilidad de los partidos se afianza o debilita de acuerdo a que protejan o expurguen la inmoralidad de sus propias filas, pues las medias verdades con que se suelen defender generan en la población la sensación de burla a su honesta participación y confianza en la democracia. Es común de los partidos, así como los medios afines, tanto cuando sostienen al gobierno como cuando actúan desde la oposición especializarse en la denuncia de la corrupción de los contrarios, mientras de ella aprenden a realizar la propia con mayor sagacidad. Ello no hace sino evidenciar las grietas del sistema que aprovechan por turno los partidos cuando se relevan en el poder.
Salvar del desencanto social a los ciudadanos y con ello revitalizar la democracia requiere poner la atención de que los peligros más graves contra el sistema provienen del dentro y no del exterior. La confianza de la población se avalora cuando en la política aplicada se reconoce la verdadera voluntad popular y cuando en los representantes elegidos para el ejercicio del poder se reconocen los grados de trasparencia, sinceridad y lealtad que se piden a sí mismos la mayoría de la población.
El concepto de corrupción ha estado asociado al poder detentado por los sistemas autoritarios que reprimían o enmendaban la denuncia judicial por la preeminencia del ejecutivo sobre cualquier otro poder. Por eso, la democracia, que representa el ideal de justicia, hace suya una doctrina cuyos ciudadanos han de velar permanentemente, ya que los sistemas consensuados de representación no garantizan que las mayorías no aspiren a perpetuarse en el poder interviniendo sobre los órganos que estructuran la aplicación real del sistema y utilizando subterfugiamente la corrupción democrática de ceder a los grupos afines el control paralelo de los resortes financieros que garanticen el control político de la sociedad.