En algunos Estados la crítica con la estructura democrática -que no con el sistema- pone en entredicho la legitimidad, no la legalidad, del dominio que de la democracia ejercen los partidos políticos, quienes progresivamente en las encuestas ven reflejado una menor aceptación y una mayor crítica a su acción política. Esta situación de que los partidos obtengan votos porque los demás son igual de ineptos y corruptos no favorece en nada la estabilidad de las países, pues más pronto que tarde derivará la situación política en insostenible, o bien porque los ciudadanos se entregan al autoritarismo de una oferta populista, o porque la apatía participativa derivará en la revolución incontrolada que sigue a todo gobierno con  el que el pueblo no se siente identificado. La causa principal se encuentra en que existen estructuras en muchos Estados democráticos que niegan de hecho la verdadera democracia; por lo que los ciudadanos vuelven su espalda a un orden social que consideran que no les representa y que les ignora.
En algunos países han surgido movimientos en pro de lo que denominan Democracia real, la que consideran debe estar diseñada para el reconocimiento directo de la voluntad de los ciudadanos en el gobierno del país. Algunos esta idea la identifican como la novedad de concebir el poder directo mediante sistema de asambleas, frente a la estructura tradicional de la representación. Los que esta idea defienden olvidan que su pretensión choca con la permanente responsabilidad universal de la participación, que de no ejercerse lo que produce es o la paralización por la falta de quórum legitimador, o de aceptar decidir sin quórum, lo que es gobernar sin legitimidad. También el sistema asambleario es técnicamente tanto más inviable cuanto mayor es el grupo social. La otra posibilidad de desarrollo de la Democracia real está en estructurar un sistema de representación que satisfaga realmente la sensibilidad de las personas en el acuerdo con su representante. Esta, que se identifica con la esencia histórica de la democracia, es la que se haya maltrecha cuando esa representatividad se sustrae a los ciudadanos para que sean las cúpulas de los partidos quienes la interpretan,  algunas veces de forma tan jerárquica y autoritaria que su estructura recuerda más a las bandas mafiosas que a las propias de la participación política de la sociedad.
Reconstruir la confianza en el sistema democrático exige primar la representación sobre una pretendida gobernabilidad, porque en tanto en cuanto se pierda la representatividad así se debilita la autoridad gubernamental, que permanentemente debe emanar de la conexión con el criterio mayoritario de la población, de quien proviene toda legitimidad democrática. Esa proximidad entre los poderes del Estado y el pueblo debe lograrse desde el respeto a los principios de representación directa, sujeción al compromiso electoral y posibilidad de revocación.

1. La representación directa conecta al representante con sus representados por decisión popular emanada de votación universal y secreta del conjunto de los ciudadanos mayores de edad de un distrito, cuyo representante debe actuar en todas las instancias de su ejercicio público con conciencia cierta de servir los intereses y seguir el sentir mayoritario de los electores de su distrito, a quienes debe rendir cuenta de cada una de sus decisiones.
2. La sujeción al compromiso electoral es la propia de quien ha redactado un contrato de servicios que obligan en conciencia. Pues si un representante en el ejercicio de su cargo llegara a hallar contradicción entre lo que ofreció a sus ciudadanos en la campaña para ser elegido y su conciencia, debe seguir la voluntad de sus representados, o dimitir, pues en caso contrario estaría cometiendo fraude electoral.
3. La posibilidad de revocación es la garantía de que los ciudadanos mantienen en todo momento su soberanía, de modo que puedan sustituir a su representante cuando del ejercicio de su mandato se deduce que pierde la confianza de sus electores. Esto supone institucionalizar la agilidad electoral en cada distrito cuando un cualificado número de electores solicita la censura o confianza de su representante, con independencia de los ritmos de renovación de los parlamentos, asambleas o ayuntamientos.

A cuantos defienden la Democracia real, no dejan de causarles estupor actitudes antidemocráticas consolidadas en muchas estructuras parlamentarias, como pueden ser la disciplina de voto, la falta de asistencia, los pactos contra natura, las listas cerradas, los programas electorales etéreos, los nombramientos por parentela, las estirpes de poder en los partidos, las asignaciones propias de los políticos, el tratamiento fiscal diferenciado, la opacidad de bienes, etc. etc. Especial interés respecto a la legalidad es la llamada disciplina de voto, por la que inexplicablemente se obliga a un representante del pueblo a votar a la orden del partido y en contra de su conciencia respecto a los intereses de sus electores. Esa maquinación de los partidos políticos no sólo daña la credibilidad de la legitimidad de las votaciones, sino que además vulnera el derecho natural a la libertad de conciencia de las personas y asemeja a los parlamentos a asambleas dictatoriales. Existen formas alternativas para poder reconducir a la unidad el voto de los miembros de los grupos parlamentarios permitiendo a cada cual expresarse con plena libertad en las palabras y en las decisiones.
Esta ataque a la democracia proviene de concebirla como una partitocracia, donde los partidos políticos se constituyen como la referencia política del Estado, siendo sus órganos los que realmente deciden las políticas a obrar, relegando las instituciones del Estado a mera estructura formal que disimula la partitocracia bajo el ropaje de una auténtica democracia. El peligro político que este enmascaramiento encierra es el desinterés progresivo del pueblo por la democracia, al no verse realmente representado. Piénsese en lo ilógico que es que el gobierno de un país esté formado por sólo afiliados del partido mayoritario -que fácilmente caen en la complacencia del poder- cuando podría incluir a prestigiosos políticos o técnicos independientes o de otros partidos, los cuales en las discusiones propias de gobierno aporten el contraste de opinión que refleje la pluralidad de una sociedad que nunca es monocolor.
 

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