TRATO A LAS VÍCTIMAS
Son muchos los Estados que padecen con frecuencia bajas de ciudadanos víctimas de algún tipo de violencia. Bien sea por narcotráfico, por terrorismo, por crimen organizado, por acción revolucionaria, por represión paramilitar, por violencia doméstica, etc., se da de hecho que en cada Estado mueren víctima por una acción cuya responsabilidad recae en personas ajenas, quienes originan la acción que causa el daño. Teóricamente -en razón por lo que el ser humano se agrupa en sociedad- los ciudadanos esperan que el Estado les proteja, ya que la misma naturaleza del mismo incluye velar por la integridad y los derechos de cada una de las personas que le constituyen. Cuando la acción del Estado no ha sido capaz de evitar la generación de una víctima, queda el recurso de prestarle honores y dádivas una vez acaecida la tragedia, lo que en la mayoría de los casos no recompensa a la víctima, sino, en todo caso, a su memoria o a sus familias.
En la iniciativa de la reparación a las víctimas, cabe que el gobierno del Estado actúe en función de los intereses políticos de alguna facción, lo que generaría un agravio comparativo entre las víctimas, pues todas deberían tener un mismo reconocimiento social. Esas distinciones en función de intereses o de la segmentación en categorías de víctimas daña la imagen del Estado, que debería tratar a todos los ciudadanos con un mismo rigor. En todo caso esa distinción debería tener su causa en la objetivación de que se sea más víctima en cuanto menos una persona provoque el riesgo. Por ejemplo, no parece con sentido que se beneficie a las víctimas de una acción terrorista más que a quien lo sea en igual proporción de daño por cualquier otra acción criminal; ni tampoco que se ensalce a unas víctimas y se esconda a otras porque pueda dañar la imagen pública que las autoridades se procuran.
Si en la condena de la violencia, en el resarcimiento a las víctimas y en la planificación de la seguridad se obrara discriminando grupos sociales, en función de intereses políticos, estamentales o personales, lo que se estaría tolerando es la utilización política de la misma violencia que se condena, cuya pretendida rentabilidad lo que induce -para quien se siente menospreciado- es una percepción de manipulación estatal de la justicia. Esto es especialmente grave cuando el Estado, por la negligencia, pasividad o connivencia de su gobierno, se reitera en una política de discriminación que paulatinamente se asume como permeable al propio sistema.