VIOLENCIA DOMÉSTICA
Allá donde las gentes conviven e intercambian intereses están expuestos al enfrentamiento y a la violencia cuando los intereses personales se sienten perjudicados por la acción de los demás. Cuanto más próxima y continua es la convivencia existen mayores riesgos de enfrentamiento, lo que ocurre en el seno de las relaciones de hogar, donde la relación es cuerpo a cuerpo y durante una buena parte de cada día. Esa inmediatez es la que facilita que la pasión se imponga sobre la razón, facilitando brotes de enfrentamiento que incontrolados generan auténtica violencia doméstica.
Probablemente el deterioro de la convivencia no lo marca ni una única causa ni una única ocasión, sino que el deterioro en el trato familiar, sea entre esposos, padres e hijos u otros integrantes de la comunidad familiar, suele provenir por la degradación de esa excelsa amistad que es necesaria para hacer encajar los diferentes caracteres de quienes integran la familia. Esa pérdida de amistad se concreta en una menor tolerancia hacia los defectos ajenos, lo que degenera en una crítica mordaz, antesala del enfrentamiento. Como se ha debilitado la amistad se hace cada vez más improbable el perdón necesario para toda reconciliación, y si no se quiere renunciar a la convivencia, por los muchos motivos que para ello puede haber, cuando aparece un trato degradante de una parte hacia la otra se hacen necesarias medidas proporcionales de prevención que eviten los daños personales derivados de la agresión que pueda seguir a brotes incontrolados de ira.
Durante siglos la violencia doméstica se consideraba un asunto interno que había de dilucidarse en el seno de la familia y los parientes. Desde hace unos cuantos decenios en muchos países se está trabajando desde su consideración como violación de derechos personales, exigiendo una respuesta judicial que regule la convivencia cuando una parte pretenda, sobre la razón, imponer la ley del más fuerte. Es sabido que las medidas externas nunca pueden reconstruir una amistad, porque ello es patrimonio de los sentimientos personales, pero se pretende proteger en la integridad de sus derechos a la parte más débil.
Los protocolos de prevención que los poderes públicos están desarrollando se fundamentan en la protección de la víctima, lo que exige la detección precoz de las relaciones proclives a la violencia, la identificación del riesgo y las medidas sociales proporcionales para evitarlo. Para ello es imprescindible la denuncia de la parte que percibe acoso o violencia, pues toda respuesta de los servicios sociales para su protección no pueden actuar sin esa información previa. Después que la autoridad pública tiene conocimiento de la posible comisión de un delito o de su gestación, puede actuar judicialmente estableciendo las medidas disciplinarias, como la condena al alejamiento, destierro, prisión, etc. de acuerdo a la gravedad del delito.
Como no se puede obviar la especial repercusión que sobre las personas de una familia representa la violencia doméstica, por la cantidad de sentimientos que entran en juego, la actuación de los servicios sociales deberían especializarse también en proporcionar otros recursos, además de las penas judiciales, dirigidos a la fractura emocional que pueda degenerar en un mayor delito --ya que las medidas represivas judiciales sólo pueden ser proporcionadas a los hechos-- de modo que ni la depresión, ni la pasión, ni la venganza induzcan a una resolución fatal. Sería positivo que los servicios sociales, coordinados con las medidas cautelares judiciales, hicieran un seguimiento sicológico a la parte agresora para detectar las posibles predisposiciones mentales al delito, aplicando las terapias disuasivas adecuadas para recomponer las intuiciones que faciliten superar los traumas de celos y odio con los que mutuamente se torturan quienes compartieron una experiencia de convivencia en común. Sólo quien supera en la perspectiva de una nueva vida la antigua relación se libra de la tentación de la venganza.