ESTABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL
Una miopía ideológica hace que muchos políticos no sean capaces de atender al mismo tiempo a los contenidos de verdad que sus propuestas contienen respecto a su repercusión sobre distintas vertientes de la sociedad. La mente humana permite a los hombres contemplar simultáneamente las distintas realidades a las que se enfrentan, o al menos en una sucesión continua de preferencias, de modo que sus conclusiones no deben ser unifocales, sino tan amplias como cada realidad afecte a las necesidades a las que se deben dar respuesta.
Una de las discusiones clásicas en filosofía política económica es si los Estados deben velar por la estabilidad presupuestaria, para no tener que recurrir a la financiación exterior, o, por el contrario, deben atender al gasto social y a la inversión, aunque ello les obligue a tener que convertirse en deudores de capital e intereses. La respuesta que da la economía es tan sencilla como la de analizar si el cálculo entre el beneficio obtenido por la inversión supera o no a la prevista amortización más el interés a pagar por la deuda. Si además de la economía se considera la política, la respuesta ya no es tan sencilla, pues el endeudamiento supone asumir un riesgo incierto en el tiempo, pues tanto los beneficios de la inversión pueden variar como hacerlo el precio del dinero que se pida para refinanciar la deuda emitida no amortizable. Además existe también otra característica de consideración democrática, y es hasta dónde es legítimo el endeudamiento estatal que un Gobierno determina comprometiendo un futuro más allá de su mandato, a veces incluso a las siguientes generaciones. Desde esta perspectiva política se debería exigir a los Gobiernos la estabilidad en cada legislatura entre el gasto y los ingresos, moderando unos u otros según la necesidad, de modo que no se traspasaran deudas a cada liquidación de mandato. La excepción a esa norma sólo debería contemplarse en situaciones coyunturales avenidas, mientras se logra reestructurar el presupuesto, o para inversiones concretas avaladas por la rentabilidad de su explotación.
Justificar el endeudamiento estructural en la atención de las exigencias sociales no es sino un reconocimiento de la incapacidad de la política fiscal aplicada, pues ella es la que debe ser tan eficiente como para que en ningún caso previsible desemboque en una situación de crisis o alarma social. Ese equilibrio de las políticas sociales es la se verifica en cada momento de acuerdo a la cohesión social de la ciudadanía, de modo que cuánto más homogéneamente está repartida la renta per cápita, siendo menor la diferencia entre los más ricos y los más pobres, mejor preparado está un Estado para asumir y corregir colectivamente las fluctuaciones que los mercados propician. Esa cohesión social se logra no sólo por una adecuada distribución de las rentas mediante los impuestos que garantice políticas de protección de los sectores de población vulnerables, como la infancia, los enfermos, los ancianos y las familias numerosas, sino principalmente por una legislación laboral que reparta justamente los beneficios empresariales entre capital y trabajadores. Cuanta mayor es la cohesión lograda por la política laboral aplicada --la que permite fomentar el ahorro y moderar el endeudamiento familiar--, mejor está dispuesta una sociedad para repercutir sin traumas sobre sí misma las crisis económicas, sin exigir un gran endeudamiento nacional. Si no existe esa cohesión, tanto más graves son las crisis, porque sólo un reducido número de población posee recursos propios de ahorro para afrontarlas, en tanto que a la mayoría de la población, seriamente afectada por una crisis, les genera el hundimiento en la pobreza, a cuyo remedio ha de acudir el Estado subsidiando cuando más dificultades tiene para recaudar.
Hay quienes confían a la estabilidad presupuestaria el bienestar de la sociedad, pero estos deberían contemplar al mismo tiempo que esa estabilidad es consecuencia y no premisa, por lo que no se puede exigir sin que al mismo tiempo las reformas que lleguen a conseguirla no hagan posible la estabilidad presupuestaria de los hogares, que es lo primero a corregir, como garantía de la cohesión social capaz mantener el consumo interno, fundamento de la solvencia económica de la nación, porque el dinero concentrado en pocas fortunas se mueve con mucha menos eficacia para la economía real que ese mismo valor cuando sirve como moneda de cambio de bienes de necesidad general.