FINANCIACIÓN SOLIDARIA
Las pretensión de la mayor parte de los ciudadanos de lograr un mundo justo exige concebir estructuras que permitan a la sociedad poner por obra los buenos deseos. Como la justicia no todas las personas la conciben sobre los mismos fundamentos, los medios e instrumentos para promocionarla desde la acción social podrán ser muy diversos, pero todos tendrán en común la puesta en valor de la solidaridad, ya que sólo desde el interés de cada uno por los demás se puede lograr superar las deficiencias de cada entorno social.
La solidaridad se ejercita de cuatro maneras: 1ª Siendo justos en todas las acciones personales. 2ª Apoyando la vigencia de la justicia en las instituciones políticas. 3ª Participando en acciones de ayuda a los más desfavorecidos. 4ª Financiando actuaciones que favorezcan el desarrollo social. De estas, las tres primeras quedan bajo el control personal, de modo que cada individuo puede evaluar el grado de efectividad que se deriva de su actuación. La cuarta, cuando se financia a entidades que desarrollan los proyectos, queda la duda de si la aportación personal, institucional o pública llega a aplicarse con el debido rigor para el fin que se propone. Siempre cabe la sospecha de que se esté financiando a una organización o asociación y no a los fines solidarios para los que se colabora.
Cuando una persona aporta a la financiación de una organización no gubernamental, lo puede hacer desde la confianza que le ofrezca su trayectoria, pero las más de las veces no existe una justificación exhaustiva de la aplicación de sus donaciones, pues, unas más que otras, son opacas a ofrecer la detallada contabilidad que necesariamente deben tener para ser eficaces.
Cuando quien sostiene la financiación son instituciones públicas o privadas, estas, porque se deben a los ciudadanos y al control de las administraciones públicas, deben poder conocer a dónde va su dinero, pues la obligación de todo administrador es velar por la eficiencia de lo administrado. Las subvenciones oficiales o de fundaciones deben consignarse a los proyectos y no a las organizaciones que los sustentan, porque el fin de toda la solidaridad social está en la aplicación a los beneficiados. De este modo toda persona sobre quien recaiga la ayuda debe ser porque está al servicio de un proyecto, el que se financia, y no por pertenecer a una asociación, porque si esta no tiene ánimo de lucro no pueden lucrarse ninguno de sus miembros o asociados.
Cuando en determinados países la cooperación nacional o internacional no la asume el propio Estado a través de sus funcionarios, sino que la externaliza, es fundamental que no se financie a las organizaciones por su empatía, sino que se realice a los proyectos específicos que presenten una clara necesidad social y que admitan una supervisión transparente de la aplicación integra de las subvenciones. Así se debe controlar no sólo que genéricamente se cumplen los objetivos, sino la exigencia de fiscalización sobre el empleo detallado de la subvención en dietas, viajes, sueldos, materiales, subcontratas, etc. verificando en cada caso que son ajustadas a criterios de sobriedad.