Los países no son más o menos democráticos sólo por lo que rige para la regulación del Estado, sino también por la protección de los derechos de opinión y representación de sus ciudadanos en las instituciones sociales, de ámbito público o privado, que por su trascendencia social deban disponer de una cierta regulación de las Administraciones Públicas. Así en instituciones concertadas que prestan servicio al Estado en ámbitos tan distintos como el comercio, la educación, las comunicaciones, la industria, etc., el que en ellas se protejan los legítimos derechos de las minorías repercute en los modelos sociales con los que los ciudadanos se reconocen como demócratas. Entre esas instituciones reguladas tiene una relevancia muy especial las sociedades mercantiles anónimas, que por su volumen de negocio son determinantes para la industria, el comercio y la economía de los países que se rigen por la política de libre mercado.
Muchas veces el concepto de "sociedad anónima" se confunde con entidad sin dueños identificados, lo que no es cierto para las compañías mercantiles que compiten en el mercado regulado, descontando la perversa voluntad de aquellos accionistas propietarios que se quieran parapetar tras sociedades interpuestas. Los dueños de las sociedades anónimas son sus accionistas, y por ello es fundamental que recaiga sobre los mismos la responsabilidad de la idealización de la compañía respecto a fines y ética de comportamiento. Las sociedades anónimas diferencian la responsabilidad de la gestión técnica, de la que los inversores de capital no tienen por que ser especialistas, pero ello no les libera de que como propietarios de la parte alícota del capital social invertido deban dirigir con responsabilidad personal lo que les concierne como propietarios capitalistas.
Las leyes mercantiles de cada país deben regular la constitución de las entidades de negocio radicadas en su jurisdicción, entre ellas las empresas y entidades financieras con accionariado comercializado en mercado de valores, donde el accionariado puede estar permanentemente variando, que no por ello pierde su legitimidad propietaria, que debe ser respetada por toda compañía que se constituye voluntariamente como sociedad anónima. Corresponde a las autoridades reguladoras públicas velar porque se puedan ejercer correctamente los derechos de información, opinión, elección  y determinación por cada uno de sus accionistas propietarios.
Muchas sociedades anónimas con millones de accionistas, en la realidad práctica de su gobierno, admiten valerse de la falta de interrelación de esos accionistas para que sea un reducido núcleo de gestión de la entidad quienes deciden cómo lograr qué se ha de aprobar en cada una de las juntas de accionistas que las leyes establecen como recurso sancionador de la política institucional. Los organismos reguladores de los mercados de valores no deberían obviar la importancia de que los derechos de los accionistas a decidir realmente se ejecuten, y por ello la legislación debería implementarse con los progresos de los recursos técnicos que hagan posible a los accionistas propietarios ejercer sus derechos a decidir votando los acuerdos del consejo de administración que afecten al marco de la entidad, como pueden ser aprobación de presupuestos y liquidación de gastos, políticas de dividendos, retribución de altos cargos, primas de producción, ampliaciones de capital, identificadores sociales, etc., tal como debe estar previstos en las leyes y reglamentos de regulación.
El respeto a los legítimos propietarios de cada entidad exigen una trasparencia de la misma que permita decidir en libertad, para lo cual es necesario medios de información eficientes y sistemas de control del voto proporcionados al número de accionistas, recurriendo a sociedades de certificación acreditadas hasta donde se precisen para legitimar las garantías. La efectiva transparencia no sólo repercute sobre los derechos y responsabilidades de los accionistas, sino que forman parte del imaginario de legalidad y legitimidad de los mercados de cada país, ya que, se quiera o no, las grandes compañías mercantiles forman parte no sólo de la referencias económicas y de productividad de la sociedad, sino también de la cultura democrática en la que esa misma sociedad se reconoce.
 

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