DEL FRAUDE SOCIAL
Cuando se habla del fraude social, cabe la referencia al fraude de las personas, de las entidades mercantiles, de las instituciones sociales o de las instituciones políticas. Como la sociedad es la comunidad global, el fraude que se practica desde cualquiera de sus elementos --una simple persona-- a la del elemento más representativo --como puede ser la cúspide del poder-- afecta a su conjunto, no sólo por los efectos económicos posibles, sino también por lo que implica de quiebra el margen de confianza en una relación. Pero entre estos posibles sujetos del fraude hay uno muy sensible para el conjunto de la sociedad, que es el que se realiza interponiendo una institución que se autodefina con fin social, como son las asociaciones, fundaciones, partidos políticos, sindicatos, etc. Se da por descontado que en las entidades de negocio caen muy próximos los legítimos derechos al beneficio lícito con la maquinación para implementarlos haciendo uso de la astucia que bordea la ley para reinterpretarla a favor del propio interés; ¡¡Pero esa misma justificación en entidades con fin social, sin aparente ánimo de lucro distinto de la retribución moral de servir a la convivencia en justicia ciudadana, hace rechinar los resortes más elementales de la sociedad!!
Para muchos, el progreso de la realización efectiva del concepto de sociedad va unida a la democracia, que permite el autogobierno, y al entramado civil que articula, desde la libertad que proclama la democracia, la acción social de cooperación y solidaridad que atiende las lagunas que la justicia institucional no alcanza a subsanar. Esos dos fundamentos de la nueva sociedad, la democracia y la acción civil, se confunden en sí mismas en la responsabilidad personal colectiva que se opone a la concepción de poder del antiguo régimen en el que el fraude se consideraba intrínsecamente institucionalizado en la abismo de debilidad de la reivindicación de la justicia frente al autoritarismo del poder político.
Pese al progreso del control democrático de la sociedad, el fraude social no ha desaparecido, y para su supervivencia en el nuevo entorno de relaciones se recurre a organizarlo enmascarado en la dinámica de las nuevas instituciones sociales. No es ajeno a la cotidianidad de la vida que en muchos países surjan de continuo casos de fraude --que por su mal intrínseco se ha venido denominando corrupción-- en entidades como los partidos políticos, los sindicatos, las ONGs, fundaciones y asociaciones, que hacen dudar hasta cuánto sus fines se identifican con lo que los ciudadanos esperan de ellas, ya que la utilización de los medios ilícitos no se promueven sólo para beneficio de algún partícipe particular, sino que se justifican a veces como medio de financiación de los fines propios de la institución, como si cupiera el ejercicio del fraude como fin de alguna institución ética. Dando lugar a que la sociedad se empiece a cuestionar si una parte de las instituciones que apuntalan la vida social se constituyen e inspiran por colectivos organizados con el fin objetivo de recurrir a medios específicos de defraudación.