LÍMITES DEL LIBRE COMERCIO
Tanto en la política como en la economía hay teorías que superar las más de las contradicciones que se les pueda objetar, por lo que se les confiere categoría de verdad, lo que no impide que deba aceptarse que bajo determinadas condiciones ese rigor que se les adjudica entre en contradicción con otros valores y derechos igualmente reconocidos, por lo que cabe cuestionar la pertinencia universal de su aplicación social.
La praxis de la aplicación indiscriminada de la teoría del libre comercio ha encontrado reticencias fundadas a su aplicación cuando de la misma se sigue la restricción de la competencia que, aun considerada premisa fundamental para la eficacia del liberalismo, con frecuencia se ve coartada cuando en virtud de la libre capitalización una sociedad mercantil puede ejercer un posición de dominio tal que efectivamente controle a su interés el comercio del sector, pudiendo por su capacidad industrial y financiera dirigir una competitividad ilegítima al entrar en colisión con el bien común para la ciudadanía. Esas posiciones de dominio son la que han hecho prevalecer los reguladores, los que teóricamente entran en colisión con las esencias más radicales del libre comercio, ya que ellos mismos son los que ordenando la competencia hacen que efectivamente la sociedad quede preservada de los grupos que bajo el objetivo de la competitividad limitan derechos fundamentales de los consumidores. De este modo se acepta regular la cuota de mercado que impida el monopolio, las vinculaciones de compañías mercantiles que propicien ententes sobre precios de adquisición de materias primas o de venta de bienes de consumo, la opacidad fiscal que suponga de hecho ayudas encubiertas a la producción, etc.
Si la regulación de la dimensión en el mercado de las sociedades mercantiles se hace necesaria para salvar el fin social del comercio, igualmente cada Estado deben velar para que no existan posiciones de dominio de las multinacionales que pongan en peligro la independencia nacional. Tan grave como el colonialismo político es el colonialismo económico, si tiene como fin adueñarse mediante el influjo comercial de la efectiva soberanía de los ciudadanos. Como el poder financiero, la producción estratégica o la política comercial de un país pueden verse amenazados por la desproporción de su magnitud y la presencia de multinacionales, sus autoridades están legitimadas para regular no sólo la limitación de operatividad de cada compañía mercantil, sino también la dependencia que un conjunto de ellas pueda entrañar respecto a otra nación, porque ello podría poner en peligro su libertad e independencia al quedar paulatinamente condicionada para defenderse del dominio de un capital extranjero, cuyos intereses no tienen por que coincidir con los de la ciudadanía.
Esa misma falta de competencia nacional para hacer valer su independencia puede provenir de las leyes y políticas comerciales impuestas por los países más poderosos, quienes desde sus mayorías en las instituciones internacionales fomentan el domino de las grandes naciones sobre las más reducidas, o de las potencias hegemónicas sobre los países en vías de desarrollo. La desproporción de unas y otras economías exigen leyes que, desde la consideración de esa desproporción, interpreten la libertad comercial con regulaciones que equilibren los beneficios reales que repercuten sobre los ciudadanos de unos y otros países de modo que favorezcan el interés del servicio mutuo y no la dependencia o el dominio de unos sobre otros.
Se podría concluir que los reguladores no son elementos distorsionadores de la libertad de mercado, sino sus garantes frente a aquel liberalismo económico que tiene por objeto, sobre la legítima actividad comercial, especular con los beneficios que proporciona lograr implantar una posición de dominio que conceda un plus de rentabilidad a costa de los consumidores, quienes lo más que aspiran es a consolidar una posición defensiva mediante su respuesta colectiva, aunque casi siempre la contestación sigue al abuso consumado.