ENDEUDAMIENTO DE LA LIBERTAD
Aunque no es ley escrita, se atribuye como causa de la libertad la riqueza que facilita no depender de otros para vivir. Esa posibilidad unos la tienen por herencia, bien sea patrimonial o social, y otros a lo largo de la historia la han tenido que conseguir con mucho esfuerzo personal, como el que precisaban los esclavos para comprar su libertad, o el que tenían que realizar las comunidades feudatarias para levantar su dependencia. Quien tiene riqueza, en cambio, su restricción de libertad puede proceder del interés para conservarla, que le limita a ser comedido en el dispendio que tienta a todo quien posee libertad para gastar.
Cuando se es deudor, porque se vive del dinero prestado, aparentemente se posee la libertad para disponer de los bienes que se pueden adquirir con lo recibido, pero o la inversión de los bienes genera suficiente beneficio para devolver la parte proporcional de capital e intereses, o el endeudamiento crece indefinidamente por la sucesión de créditos precisos para saldar el anterior más los intereses acumulados, lo que hace que el capital de bienes para libre disposición sea cada vez más menguado, lo que supone haber empeñado la libertad para obrar que se pretendía el endeudarse. Esta filosofía financiera afecta por igual a individuos, familias, empresas, municipios y países, pues el prestamista también conoce que su libertad depende de obtener la renta pactada, por lo que cuando presta procura tomar una posición de poder sobre los actos del prestatario como garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas; de modo que cuanto más endeudado se está más se haya comprometida la libertad, aunque las apariencias puedan indicar lo contrario.
Cuando el endeudamiento afecta a un Estado, se genera la paradoja de que la libertad que debe garantizar la misma esencia de nación para sus ciudadanos es la que se empeña para conseguir un aparente bienestar para los mismos, pero a cambio de ello se cede en soberanía de ese mismo bienestar por la dependencia de débito sobre el prestamista, quien va a intentar ejercer todo su poder sobre la administración pública correspondiente para el dominio de la situación política que le garantice los pagos adeudados, lo que repercute en la parte proporcional de restricción de decisión para los ciudadanos.
Si la sociedad afectada por el endeudamiento se rige por un sistema autoritario, la restricción de libertad por el débito no repercute de modo directo sobre los ciudadanos, sino sólo por sus efectos sobre el bienestar, por cuanto la libertad ya se encuentra restringida a voluntad de los mandatarios. Pero si la sociedad se rige por un sistema democrático, el endeudamiento afecta de modo orgánico a su estructura, pues, por el carácter temporal de la representación cedida a sus mandatarios, los actos de unos condicionan la libertad de la gestión política de sus sucesores cuando se les traspasa un presupuesto estatal afectado por las deudas contraídas.
La adecuación del gasto a los recursos de cada Estado se debe equilibrar a través de los impuestos por los que solidariamente cada ciudadano aporta la cuota proporcional de repercusión del coste del bienestar que se sufraga colectivamente a través de la administración pública, siendo esos impuestos los que materializan el valor de los bienes sociales que se disfrutan. Cuando las autoridades recurren a financiar endeudándose, disimulan la eficacia de su gestión, que realmente no sólo está comprometiendo la disponibilidad futura, sino también la libertad nacional, por la dependencia de poder que se empeña frente a los acreedores. Que la política fiscal sea social y políticamente impopular no justifica que realmente se repercuta en el detrimento de la libertad, por lo que deberían reflejar cuentas realmente equilibradas, admitiéndose un déficit coyuntural mínimo que debería ser ajustado en el transcurso de cada legislatura.
Cuando circunstancias especiales que pueden acaecer requieran un endeudamiento extraordinario del Estado, un sistema democrático debería para ello requerir el acuerdo de una mayoría cualificada, que de algún modo recoja el sentir amplio de la población y de las posibles alternancias de poder.
No endeudarse la administración pública no supone renunciar a la inversión interna y externa, sino que ella debe ser la que se adapte a la legitimidad del sistema político, porque lo contrario encierra una paulatina pérdida de libertad ciudadana para en verdad ser dueños de su propio ser y destino.