El término democracia es posiblemente el más utilizado para autodefinirse ideologías y formaciones sociales, lo que no deja de causar perplejidad a muchos ciudadanos de que grupos totalmente opuestos en la forma de concebir la estructura política puedan coincidir en ser todos democráticos. Esto que puede parecer una paradoja, no lo es si se concibe correctamente qué es la democracia y como se articula dentro de la sociedad.
La democracia implica fundamentalmente el proyecto común de una sociedad en que la política se articule de acuerdo a la voluntad de los ciudadanos de ese país. Para conseguirlo se hace necesario idear un sistema que permita conocer, sintetizar, evaluar, aplicar y rectificar los pormenores de esa universal voluntad popular; es ese sistema en sí, y no la distinta estructura política que siga la voluntad de cada comunidad, la que define el grado de democratización de un pueblo, lo que permite que ideologías de la forma de estructurar la sociedad tan contrarias como el socialismo o el liberalismo puedan caber en el ámbito del término democrático. Otra cosa es considerar el grado de realización de las aspiraciones individuales de los ciudadanos de una comunidad, lo que parece que debería estar garantizado por la democracia, pero aunque esto se pueda considerar así, realmente esa conformidad común se deriva más de la cohesión social lograda por la aplicación de una estructura idónea que logre eficazmente que sean los intereses de los ciudadanos tan homogéneos como para que sus criterios converjan de forma mayoritaria. Cuando no, el sistema democrático se convierte en el campo de juego, a veces de batalla, de la rivalidad ideológica. En cualquier caso, sobre los distintos criterios se sostiene como inherente al sistema democrático al amparo de la libertad personal, lo que no impide la permanente discusión de los límites entre el bien o beneficio particular y el bien común, objeto de toda justicia social en la que se inscribe el fin de la democracia.
En los albores del presente siglo, una parte importante del pensamiento social debate entre el juicio de reconocimiento de los progresos sociales atribuibles a los sistemas democráticos nacionales del siglo anterior y las importantes deficiencias que esos sistemas no han logrado paliar. Partiendo de la anuencia sobre la legitimidad de la universal voluntad popular, la discusión se objetiva en si el sistema democrático, tal como se concibió en el siglo pasado, debe afectar sólo a la política, o si debe ampliarse a informar otras más próximas estructuras sociales que por su relevancia determinan tanto a la política que hacen vanos los esfuerzos de la misma por hacer realidad la voluntad popular. Este movimiento por la integridad de la democracia aduce trabajar por una democracia real.
Si el sistema democrático reduce la participación de los ciudadanos a la elección de representantes políticos, ¿no está obviando realmente su responsabilidad participativa en el conjunto de instituciones que construyen la realidad social? Existe un entramado social de cuya responsabilidad pende gran parte de la deriva de la estructura de un país. Partidos políticos, corporaciones financieras, compañías mercantiles, sindicatos, instituciones educativas, medios de comunicación, cooperativas, fundaciones, colegios profesionales, asociaciones, clubs deportivos, etc. están constituidas por colectivos de ciudadanos que muchas veces son relegados de la toma de decisiones orgánicas de esas instituciones, que son parte de su responsabilidad en la medida que son propietarios o socios en la parte alícota de su participación, por lo que son despojados de derechos democráticos. Las más de la veces los estatutos y reglamentos internos de las instituciones hacen opaca su gestión de gobierno a la voluntad de sus accionistas, partícipes o afiliados, de modo que un reducido grupo suplanta a la mayoría sin que pueda ser avaladas esas decisiones.
No es extraño que accionistas propietarios de compañías mercantiles se despierten un día para enterarse por la prensa de la acción delictiva de sus directivos, de comportamientos éticos que dañan la sensibilidad ciudadana, de proyectos de explotación  laboral, de segregación racial, o de cualquier comportamiento comunitario que debería exigir la conformidad de los socios, últimos responsables de la institución.
Progresar en la inspiración democrática de la sociedad para conseguir una democracia real puede que esté ligada a que los ciudadanos y los reguladores sean más conscientes de que el sistema que quieren por modelo para la gestión de su país abarca a muchos más espacios que la elección de un presidente, un parlamento, un alcalde o un gobernador. Implicarse en ello supone no sólo el deseo de elegir o ser elegido para un cargo, sino el de participar de modo activo en poner de manifiesto las deficiencias y los aciertos de los colectivos en los que se participa, porque la cercanía en la tarea de la gestión no sólo redunda en beneficio comunitario, sino que prepara al país para asumir una mentalidad de servicio en la que cada uno diferencie qué es de su propio ámbito y qué pertenece al ámbito común, en el cual se debe obrar en todo momento con la mentalidad del que debe responder ante la sociedad de la responsabilidad de sus actos, aunque esta no se lo demande.
 

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