PAPELES PARA EL PROGRESO
DIRECTOR: JORGE BOTELLA
NÚMERO 84                                                                                     ENERO - FEBRERO  2016
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GRAN SALTO SOCIAL

 
Muchos opinan que la sociedad tiene todo inventado y probado, por lo que lo mejor es quedarse como se está. Esa corriente conservadora la defienden quienes tienen miedo a la innovación social, porque ellos personalmente se sienten incapaces de superarse; también figuran entre sus partidarios quienes han medrado gracias a al sistema, y temen perder sus privilegios si se genera un cambio social. Se sea favorecido o no por la situación contemporánea, cabe admitir que no sea para todos la mejor posible, fundamentando esta afirmación en la diferencia de recursos disponibles entre unos países y otros, y entre estamentos de una misma nación. Esta falta de cohesión social es la que inspira a que las estructuras sociales son mejorables, para lo que son precisas teorías sobre las causas que generan la deficiente distribución de la riqueza y el bienestar, y cómo se pueden superar para lograr una sociedad más cohesionada que facilite una relación positiva entre los pueblos que garantice una paz duradera.
Una causa de la inestabilidad entre el bienestar de las personas tiene su origen en la distribución de la riqueza y el trabajo, lo que comporta dificultades vitales para el desarrollo de la vida familiar, ya que la atención de los hijos no sólo supone una gran responsabilidad para los padres sino también una importante carga económica. La demografía y la natalidad han entrado en el siglo pasado en la doctrina fiscal de las naciones, atentas anteriormente a otras muchas reivindicaciones y precariedades, y aún no lo han hecho con demasiado acierto salvo en entornos sociales muy desahogados, donde las políticas de familia empiezan a reflejar la importancia vertebradora que tienen para la sociedad.
El criterio de compensación en las retribuciones económicas por la composición de la familia han revertido casi siempre, allá donde se han puesto en práctica, a través de subsidios directos o de retracción sobre impuestos, pero casi nunca han abordado el concepto de retribución al trabajo efectivo que los padres realizan para disponer a los hijos como ciudadanos útiles al servicio de la sociedad. Se asume comúnmente la responsabilidad estatal en la instrucción y en la sanidad de niños y jóvenes, pero nada se valora la dedicación laboral de los padres y madres en educarlos, alimentarlos, vestirlos, pasearlos, velarlos... porque, tanto como el profesor o el médico dedican profesionalmente su tiempo y su esfuerzo, lo hacen igualmente padres y madres durante años y años. El considerar como deber de ley de vida esa dedicación a la familia no obsta para que encuentre repercusión de justicia en la estructura social, más allá de que se concedan ciertos beneficios ligados a las familias numerosas como justificación de la protección a la natalidad.
Reconocer el trabajo de padres y madres hacia los hijos como una actividad laboral intergeneracional, por la que se les preparan como ciudadanos útiles a quienes han de dar continuidad a la comunidad, supone un enfoque renovador de las relaciones sociales por el que se podrían mitigar muchas de las deficiencias orgánicas que se aprecian comunes al modelo de sistema que se pretende generalizar en la sociedad contemporánea. Por ejemplo, es paradójica la consideración como parásitos o población no activa de aquellos padres y madres que no ejercen otra actividad laboral distinta a la de atender a los hijos, o que son parados cuando les es imposible encontrar un trabajo asalariado compatible con las obligaciones domésticas para con sus hijos.
En vez de reivindicar políticas de reinserción discriminatorias para las familias con trabajo precario, sería más adecuado que las leyes recogieran el trabajos familiar de cuidado de la prole como una actividad laboral, con derecho a cobrar una remuneración estatal. Así, por ejemplo, el erario público podría retribuir a aquellos padres o madres que tengan más de dos o tres hijos con el salario mínimo interprofesional y la cobertura de seguridad social, si en vez de elegir emplearse en otra profesión libremente deciden trabajar en la atención de los hijos hasta su mayoría de edad. Puede ser el padre o la madre quien decida actuar así, o repartir la tarea entre ambos combinándola con la respectiva otra ocupación laboral a tiempo parcial. Seguir esta teoría supone reconocer una realidad laboral que históricamente se ha mantenido marginada, y que es causa de discriminaciones, inestabilidad familiar, desigualdad de género e incoherencia de cálculo en los parámetros de trabajo, riqueza y productividad.
Culturalmente se ha asignado a la mujer el rol del cuidado de los hijos en el hogar, mientras la actividad laboral del hombre provee el dinero para el sustento. En tanto en cuanto esto ha sido aceptado socialmente representa una discriminación de género, que las sociedades más igualitarias quieren eliminar, pero como la natalidad es una necesidad nacional de las más imperiosas, no reconocer el caracter laboral de los trabajos que conlleva --en parte similar a los de la dependencia--  induce a buscar compensar los desajustes sociales generados mediante políticas de subsidios, que tienen en común su marginalidad respecto a los derechos ciudadanos.
Frente a la consideración en tiempos pasados de la prole como mano de obra en beneficio de una concepción de la familia como entidad rural productiva, la independencia progresiva en la sociedad industrial favorece un individualismo cuyos derechos y obligaciones se trasladan del entorno familiar al comunitario. Concebir la política fiscal justa para todos los ciudadanos exige que los hijos en las familias tengan garantizada una renta familiar que, unidad a los servicios públicos de educación y sanidad, sea capaz de satisfacer las necesidades que hacen realidad esa pretendida igualdad de oportunidades. Obrando así, con el rigor correspondiente, es muy posible que mermaran considerablemente las situaciones de precariedad y marginalidad que hoy se detectan en la supervivencia familiar, que obligan a destinar ingentes cantidades de recursos fiscales a subvenciones que realmente no derivan de una justa concepción de la igualdad de oportunidades.
 

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