TERRORISMO ECOLÓGICO
Si por terrorismo hay que entender aquellas acciones que causan muerte indiscriminada a personas, siembran el temor generalizado, causan daños insostenibles en la naturaleza, destruyen el legado histórico y lo hacen desde la clandestinidad social, habría que incluir entre los mismos a quienes actuando conscientemente provocan con sus actos una degradación de la naturaleza capaz de mutar la protección que la misma rinde al hábitat de la humanidad, o incluso a quienes irresponsablemente ignoran la información científica que vinculan determinadas actuaciones con los desastres avenidos para personas y medios de subsistencia.
Es muy probable que las consecuencias mortales para la población mundial por el terrorismo ecológico supere en cientos de veces a las víctimas del terrorismo político, pero a este se le combate y a aquel se le ningunea, como si el sufrimiento de las víctimas por causas de los desastres sobrevenidos como consecuencia de las alteraciones medioambientales no fueran equiparable al que sufren las víctimas de la violencia armada. Quizá la gran diferencia está en que en el terrorismo ecológico es mayor las responsabilidades de las autoridades públicas que en aquel que se sustrae al control de cualquier autoridad nacional e internacional.
Cuanto más avanza la ciencia y la técnica mayor alteración es posible realizar sobre la naturaleza, lo que no justifica que se admita cuando, al mismo tiempo, esa ciencia es capaz de advertir los riesgos que comporta la deficiente sostenibilidad de los recursos naturales y las perturbaciones medioambientales que comporta. Considerar que la degradación ecológica no afectarán en la inmediatez no legitima su tolerancia, ya que, aunque los perjuicios se posterguen hacia las generaciones venideras, no exime de la responsabilidad criminal de los mismos. Por eso la técnica aplicada de la ciencia debe considerar las medidas correctoras de cada actividad contaminante y neutralizar los efectos contemporáneamente a la producción, no cuando ya las consecuencias mortíferas se hagan irremediables.
Una gran parte de la permisividad con el terrorismo ecológico se sostiene desde la falaz consideración del interés económico vinculado a esa actividad. La ciencia económica a largo plazo es la misma que, con todas las demás ciencias, está advirtiendo que los comportamientos contraambientales se constituyen como causas distorsionantes del desarrollo económico cuando los desastres naturales futuros supondrán un quebranto global mayor que el crecimiento sostenible y armónico de una industria legalizada de acuerdo a criterios de regulación medioambiental. Hay que tener en consideración que una gran parte del consumo inducido desde la economía cortoplacista no es ni imprescindible ni conveniente cuanto sólo sirve al interés superfluo de satisfacción de una minoría consumista. Nada puede justificar la legitimidad del derecho a un bienestar a la corta que previsiblemente genere consecuencias perjudiciales a la larga; por lo que el consumo y la producción no pueden escapar de la responsabilidad de las consecuencias sobre el futuro de la humanidad.
Se cree que el gran problema se sigue de que la regulación persigue a tanta distancia a la innovación que actúa sobre la destrucción acontecida, por lo que la contención del daño se hace imposible. Pero del mismo modo que para el terrorismo político o mafioso la sociedad se arma no sólo de recursos de prevención, sino también de neutralización, para el terrorismo ecológico se precisa la acción firme de los poderes internacionales para que no cedan en su deber de la defensa de los intereses universales sobre los particulares.