A veces la confrontación ideológica entre socialismo y liberalismo se centra en primar lo público o lo privado sin realmente atender a lo que es más importante: el fin social.

Se ha venido a denominar entidades públicas a las regidas y financiada por la administración pública. Son instituciones que los gobiernos controlan, y abiertas en régimen de igualdad de derecho de accesibilidad para todos los ciudadanos.

Las entidades privadas, en contra, son financiadas directamente por los usuarios, el entorno de los beneficiarios u otros ciudadanos interesados en el fin; y sirven según el orden establecido por sus promotores a un sector o grupo determinado de ciudadanos.

Como se puede comprobar, los tres aspectos diferenciales corresponden a:

   1.- Financiación

   2.- Gobierno

   3.- Destinatarios

Los defensores de la estructura pública basan sus preferencias en la redistribución de rentas que se genera mediante la financiación pública y la posibilidad que presta este sistema para la realización de una auténtica igualdad de oportunidades. Lo público supone un: todo para todos, favorecer la igualdad, acentuar la solidaridad.

Los partidarios de lo privado justifican el derecho a la libertad para el ejercicio y control de todas las actividades que no supongan directamente un menoscabo para terceros. Relacionan la eficacia de la gestión al interés invertido, y defienden la autonomía de la financiación de los servicios.

Desde hace algunas décadas, las socialdemocracias han avalado regímenes mixtos entre lo público y privado, a fin de favorecer la gestión de los servicios prestados a los ciudadanos. Estas síntesis se basan en combinar la financiación pública con la privada, autonomizar la función gestora y dinamizar el balance entre calidad y ciudadanos favorecidos. Estos sistemas, que han venido a reconocerse como concertados, tienen muy distintas figuras políticas según que cubran servicios fundamentales, culturales, de ocio, etc. El fundamento de estos sistemas concertados está en el control que ejerce la administración pública sobre los recursos públicos prestados y la efectividad de una calidad en la gestión.

Frente a la oposición ideológica entre la privado y lo público se encuentra la síntesis del concepto de lo social. En sí el único fin de las actividades sociales es servir al conjunto de personas que forman parte de una determinada colectividad. Por eso, lo social se mide en condicione de servicio, por el beneficio real que cubre un derecho del ciudadano.

Lo público y lo privado pierden su preeminencia frente a lo social: Lo determinante para que una política hacia los ciudadanos sea relevante es que sea social, que cumpla objetivos como:

  · Que el servicio que se presta atienda un derecho o una necesidad ciudadana.

  · Que los recursos habilitados se empleen realmente para el fin determinado.

  · Que los agentes que prestan el servicio lo realicen con dimensión profesional.

  · Que los destinatarios del servicio no sean discriminados en ninguno de sus derechos y represente una auténtica igualdad de oportunidades.

  ·Que existan mecanismos eficaces para evaluar la calidad del servicio prestado.

  ·Que esté impregnado de un espíritu de participación democrática en todos sus estamentos.

Lo esencial que debería distinguir lo público y lo privado debería ser la finalidad de la prestación. Lo público estaría dirigido, con independencia de financiación y gestión, a dotar de atención los derechos de los ciudadanos del conjunto de ese ámbito, y a realizarlo con una justa igualdad en su aplicación respecto a cualquier persona. Lo privado contemplaría, en cambio, la dotación de unos servicios en exclusiva promovida por un grupo para un subconjunto determinado de la sociedad.

Aunque cualquier relación en la sociedad que produce un bien contiene una cierta dimensión social, en términos políticos -o sea, de la aplicación del autogobierno de la sociedad- lo social se identificaría con el bien que se distribuye en igualdad de derecho sobre todo el colectivo de ciudadanos.
 
 

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